La constituyente se instala de a pocos

El Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef ha retrocedido, al menos por ahora, en su intención de instalar una constituyente y nacionalizar los recursos naturales. Sin embargo, esa situación de ninguna manera significa que el proyecto de la constituyente se haya detenido. De ninguna manera. La amenaza chavista y bolivariana es real.

Por ejemplo, el desgobierno general y la renuncia del Ejecutivo a ejercer la autoridad democrática en diversas regiones del país está empujando al Perú hacia la anarquía. En ese escenario, las demandas por el orden y la autoridad se multiplicarán. ¿Una situación de ese tipo favorece a la constituyente?

La anarquía favorecerá a la constituyente siempre y cuando venga acompañada de empobrecimiento general. Es decir, desplome de la inversión privada, ralentización del crecimiento, menos empleo y aumento de pobreza. En ese contexto, un Gobierno que anuncia expropiaciones y redistribución fácil de “la riqueza”, que multiplica bonos y aumenta los sueldos de los funcionarios públicos podría prosperar.

Si las cosas pueden presentarse así, entonces las corrientes colectivistas y comunistas están avanzando en su proyecto de la constituyente. Dicha asamblea se instala de a pocos. Por ejemplo, no obstante que el primer semestre de este año los precios de los minerales alcanzaron récords históricos –el Perú es segundo productor mundial de cobre– el país apenas crecerá cerca del 3%. Una cifra que no alcanza para reducir la pobreza. De otro lado, la inversión privada caerá cerca de 5% en el segundo semestre y el 2023 se anuncia sombrío en todo. El empobrecimiento de la sociedad entonces ya es una tendencia que acompaña a la de la anarquía.

Las corrientes colectivistas y comunistas que, actúan más allá del propio Gobierno de Castillo, tienen absolutamente clara esta variable. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha promulgado dos decretos que modifican las relaciones laborales y se constituyen en las mayores modificaciones al modelo económico de las últimas tres décadas. 

El decreto que prohíbe la tercerización laboral pone en peligro 250,000 empleos directos y más de un millón indirectos. De otro lado, el decreto que empodera a los sindicatos y flexibiliza en extremo el derecho de huelga, en realidad, parece ser el preludio de un proceso de colectivización de las relaciones laborales. Ante la pasividad de la oposición, ante la demora del Congreso en la derogación de esas normas, ¿acaso el próximo decreto que se viene es el de la presencia obligatoria de los sindicatos en los directorios de las empresas? ¿No sería una manera de estatización general del sector privado?

En medio de una situación de caída general de la inversión privada y del empleo, es incuestionable que los decretos laborales mencionados, antes que reformas estrictamente laborales, forman parte de una estrategia de poder: se pretende ahogar la inversión privada, acrecentar la informalidad y producir una ola de quiebras. Es evidente, pues, que estas normas contribuyen al empobrecimiento general del país.

Lo grave de todo esto no es la ofensiva comunista y colectivista en el asunto de las relaciones laborales. Lo grave es que la oposición todavía no entiende la enorme importancia del Congreso en la defensa de la Constitución y las libertades y la lucha contra la asamblea constituyente.

Si se entendiera la importancia de estas normas, desde hace varios días los mencionados decretos laborales, que se promulgaron sin consultar con el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) –instancia que reúne al Estado, los trabajadores y los empresarios– ya habrían sido derogados por el Congreso. ¡A reaccionar, pues!