La Constitución puesta a prueba

Hoy el Congreso de la República debe procesar la nueva vacancia presidencial, que invoca la figura de la incapacidad moral frente a las denuncias que se acumulan en contra del presidente Vizcarra. La decisión del Legislativo se procesa en la peor crisis política e institucional de la presente experiencia republicana, que acumula cuatro procesos electorales sin interrupción. Una crisis que no solo expresa un deterioro institucional sin precedentes, sino que plantea interrogantes serias sobre el futuro de la República. Por ejemplo, la intervención y lacrado judicial de tres oficinas de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a pocos meses de las elecciones nacionales, revela la magnitud de la crisis que enfrenta el sistema republicano y que lleva a algunos a preguntarse sobre el futuro de los próximos comicios.

El otro gran problema es que la mayoría de bancadas del Congreso ha hecho todo lo posible para convertir al actual Legislativo en uno de los peores de nuestra reciente historia. En la práctica se han propuesta legislar en contra del modelo económico establecido en la Carta Política, desarrollando iniciativas de gasto, aprobando normas desfinanciadas, destruyendo el sistema previsional y tomando otras decisiones populistas que buscan el aplauso de la semana. 

Es decir, el populismo en su máxima expresión. Y en el preciso momento en que se necesita más inversión privada para enfrentar la megarrecesión que destruirá por lo menos el 15% del PBI y arrojará temporalmente al 30% de la población debajo de la línea de la pobreza.

En otras palabras, llegamos a este nuevo proceso de vacancia con las instituciones en deterioro general, con un Ejecutivo sin autoridad, con un Congreso desprestigiado y con todas las instituciones en situación parecida. En este contexto, los actores y las instituciones solo tienen una alternativa para enfrentar esta crisis: aferrarse a la Constitución, entender que salirse de ella o jugar en sus márgenes significará acabar con la actual experiencia republicana.

De allí que sea necesario descartar cualquier posibilidad de que surja una fuerza deliberante no contemplada en la Carta Política. De ninguna manera. Si la vacancia procede –de acuerdo a lo establecido en la Constitución– todos estamos en la obligación de aceptarla porque no habría otro camino constitucional. Y si la vacancia no procede, igualmente, los actores tendrán, como se dice, que tragar sapos y buscar el diálogo que nos permita llegar a las elecciones del 2021.

Es impresionante cómo la actual experiencia republicana ha llegado a este momento de bloqueo general. Antes de la pandemia, el Perú acumulaba cuatro procesos electorales que –a diferencia de experiencias previas– había posibilitado que los 30 millones de peruanos tengan acceso al voto y la propiedad. Sin temor a equivocarse, se puede sostener que esa experiencia quizá representaba el primer proceso republicano con toda la peruanidad a bordo. 

De otro lado, el PBI se había triplicado por tres, la pobreza se había reducido del 60% de la población a solo 20% y, en general, la sociedad se había convertido en una de ingresos medios. No se cae en exageraciones cuando se sostiene que el Perú experimentaba el mejor momento institucional, económico y social de su historia republicana. No obstante, todo se deterioró por una guerra política que hasta hoy ha desencadenado tres procesos de vacancia frustrados, un referendo que reformó la Constitución a tontas y locas, el cierre inconstitucional de un Congreso y un nuevo proceso de vacancia, que hoy se escenifica.

En momentos tan graves para una república, en el que las instituciones y los actores parecen sin posibilidades de organizar una salida viable, solo resta invocar y aferrarse a la Constitución. Si la experiencia republicana supera este impasse con las arma constitucionales entonces, paradójicamente, la Constitución se enraizará con más fuerza en nuestro quehacer político y público. La grandeza de un país siempre provendrá del respeto de su constitucionalidad.