La Constitución maltratada y la ofensiva colectivista

Luego de las elecciones del 2016, el Perú empezó un largo camino de desinstitucionalización y envilecimiento de la política que, finalmente, ha logrado detener el crecimiento y todos los círculos virtuosos del proceso de reducción de pobreza. 

Las guerras entre el Congreso y el Ejecutivo, que desencadenaron la renuncia a la presidencia de PPK y la llegada de Martín Vizcarra a la jefatura de Estado, solo fueron los capítulos previos de la convocatoria a un referendo que terminó liquidando las posibilidades de un sistema institucional y político viable. La ausencia de un Senado, la prohibición de reelección de los congresistas y la imposibilidad de contratar publicidad privada en radio y televisión, revelan el impulso destructivo de quienes creyeron que las instituciones republicanas son federaciones universitarias que se pueden controlar y manipular para excluir al adversario.

Sin embargo, esos hechos solo serían los anuncios de la llegada de un nuevo Congreso que pretende convertir los principios del régimen económico en letra muerta. Los congresistas se han movilizado para destruir el sistema privado de pensiones y consideran que los parlamentarios tienen iniciativa de gasto. Algunos quieren eliminar la autonomía del BCR y otros pretenden reformar las prerrogativas que la Constitución reconoce a los contratos entre privados.

Y si a estos hechos le agregamos que la administración Sagasti ha lanzado una feroz ofensiva colectivizadora en el agro y en la educación, y persiste en el aterrador monopolio estatal en la importación de vacunas, es evidente que las guerras políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo del presente periodo constitucional están culminando con el intento de cancelar el modelo económico de crecimiento basado en la inversión privada y la desregulación de los mercados.

En este contexto, no es nada extraño que los candidatos que defienden propuestas colectivistas, sobre todo Yonhy Lescano y Verónika Mendoza, consideren que ha llegado la hora de asestarle el puntillazo final al modelo económico que ha posibilitado triplicar el PBI nacional, reducir pobreza del 60% de la población a solo 20% –hasta antes de la pandemia– y convertir a la sociedad peruana en una de ingreso medio. Pero la economía y la sociedad siguen siendo viables pese a los estropicios económicos de las administraciones Vizcarra y Sagasti.

¿Qué pretendemos señalar con estas descripciones de la situación política e institucional luego de las elecciones del 2016? Que el Perú ha llegado a un momento en que debe definir si continúa con el modelo económico y social emprendido tres décadas atrás o, simplemente, regresa al movimiento pendular entre reformas estatistas y reformas desreguladoras, que caracteriza a las sociedades latinoamericanas.

Cuando se escarba con cierta prolijidad en las propuestas de Lescano y Mendoza, cualquiera puede llegar a la conclusión de que, en realidad, ambos están proponiendo el regreso del estado-empresario que devastó la economía y la sociedad peruana en los años ochenta. La gran habilidad de estos sectores –incluido el candidato emergente de la izquierda, Pedro Castillo– es presentar como novedad electoral la fórmula del estado-empresario, el control de precios y mercados, el proteccionismo comercial y la relativización de la propiedad privada y los contratos.

Cualquiera sea el énfasis, cuando los candidatos antisistema proponen una asamblea constituyente apuntan, sobre todo, a cambiar el modelo económico de libre mercado consagrado en la Constitución. Y a resucitar las momias ideológicas del Estado empresario que destruyeron el Perú en los años sesenta, setenta y ochenta, y que hoy siguen causando la tragedia venezolana.

Por todas estas consideraciones, las candidaturas de la centro derecha, en estos últimos días de campaña, deberían apuntar a priorizar el debate y la crítica alrededor de las propuestas colectivistas de los movimientos antisistema. De allí la enorme importancia de dejar a un lado la guerra entre los propios candidatos que defienden el sistema republicano y la economía de mercado, porque cuando el colectivismo llega al poder no hay disidente que se salve.