La competitividad minera del Perú cae hasta el fondo

El Perú, el segundo productor mundial de cobre, acaba de descender al último lugar de competitividad entre las principales potencias mineras del planeta. Igualmente, el país es el sexto productor de oro y tercero en plata a nivel planetario; sin embargo, no tenemos posibilidades de competir para atraer nuevas inversiones. La estrepitosa caída fue anunciada por Gonzalo Tamayo, economista de Macroconsult, quien presentó el estudio en el pasado evento de Perumin 35, en el que se afirma que el país se derrumba en los pilares geológicos y entorno social.

El mencionado índice de competitividad establece comparaciones entre el desempeño del Perú y los de potencias mineras como Australia, Canadá, Sudáfrica, México, Chile y Colombia. En el señalado estudio un 90% de los actores de la minería encuestados señaló que los procedimientos y trámites para obtener autorizaciones mineras están sobrerregulados en extremo en el Perú. De otro lado, igualmente, el 67% de los entrevistados subrayó la grave situación de los conflictos en las áreas mineras.

Algo que merece destacarse es que la percepción de seguridad jurídica en el país se ha desplomado. Según el Instituto Fraser, en el 2019 un 58% de los encuestados aseveraba que existía confianza jurídica. En el 2022 solo un 12% confía en las políticas públicas del país. En este contexto, no es nada extraño que Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) informara que después de la inversión de Quellaveco no existían proyectos mineros de magnitud parecida, tal como venía sucediendo en las últimas tres décadas. 

Es evidente, pues, que el crecimiento de la inversión minera se ha detenido en seco en el país, luego de que el Gobierno anunciara su intención de promover una asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales. Asimismo, es imposible que el Perú mantenga sus niveles de competitividad si Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, hoy está invadida por una decena de mineros ilegales, ante la vista y paciencia del Gobierno y las autoridades del Estado. Y si semejantes invasiones se replican en otras minas de Apurímac y la Libertad, entonces no es exagerado sostener que casi no existe Estado de derecho en las áreas mineras.

Semejante descripción es una catástrofe para el Perú. Basta recordar que la minería representa el 60% de las exportaciones, suma cerca del 10% del PBI y el 12% del total de la inversión privada. Asimismo, vale destacar que las compañías mineras generan alrededor de 200,000 empleos directos y 1.2 millones de manera indirecta. Y si le agregamos las familias de los trabajadores que se benefician de la actividad, en realidad, estamos hablando de que la minería sustenta a más de 5.5 millones de personas.

El desplome en la competitividad minera es una tragedia para los pobres del Perú (que sobrepasan el 25% de la población) considerando que, si el país ejecutase su cartera de inversiones mineras de más de US$ 53,000 millones, podría crecer por encima del 5% anual y reducir varios puntos de pobreza al año. Semejantes objetivos no serán posibles porque no hay nuevas inversiones debido al desplome de la competitividad nacional.

El desplome de nuestra competitividad minera se produce cuando la Agencia Internacional de Energía de la OCDE ha señalado que la demanda de cobre en el mundo se duplicará en los próximos 20 años a medida que se multipliquen las fuentes de energía renovable y se electrifique la economía y la sociedad. El cobre es un conductor de energía por excelencia.

De otro lado, vale recordar que el Perú es el tercer país con mayores reservas de cobre en el planeta luego de Chile y Australia. ¿Cómo entonces alguien puede atentar contra la competitividad minera del país?