La centro derecha en el Congreso obligada a lanzar señales urgentes

Luego de que una extraña y sorprendente alianza entre Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos, sumara los votos necesarios para elegir Defensor del Pueblo a Josué Gutiérrez, militante izquierdista y ex abogado de Vladimir Cerrón, emerge una gran pregunta: ¿Cuál es el enemigo principal para la democracia y las libertades económicas para la mayoría de los partidos de la centro derecha en el Legislativo?

Si consideramos la gestión de la señora Eliana Rebollar en la Defensoría del Pueblo en calidad de interina –quien luego del golpe de Pedro Castillo y las olas insurreccionales contra el Estado de derecho, guardó equidistancia entre las fuerzas del orden y las milicias izquierdistas que atacaban aeropuertos, comisarías y bloqueaban carreteras–, todo indica que la elección de Gutiérrez no significaría mayores cambios en la entidad, y a la mayoría del Congreso el asunto no le importaría demasiado.

Por ese motivo, la mayoría legislativa de la centro derecha está en la obligación de enviar señales claras al país para dejar en claro que la elección de Gutiérrez es parte de los cuoteos que suelen presentarse en los poderes del Estado. ¿Cuáles son esas señales urgentes e inmediatas? Creemos que el Congreso debe proceder a derogar los decretos laborales que promulgó el Gobierno de Pedro Castillo y que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores, grupos económicos, y que liberalizan en extremo el derecho a huelga. 

Como todos sabemos, el objetivo de estos decretos –como parte de la llamada Agenda 19 del maoísmo– es convertir las relaciones laborales en un terreno de una guerra de clases e incrementar la conflictividad social con el objeto de paralizar las inversiones existentes (minería, agroexportaciones, servicios) y espantar nuevos proyectos. Era una de los rostros del proyecto de la asamblea constituyente que detuvo cualquier nueva inversión en el país. Luego de la elección de Gutiérrez, la mayoría de centro derecha del Legislativo está más que obligada a derogar las mencionadas normas.

Asimismo, la mayoría del Congreso está en la obligación de desarrollar legislativamente la reciente resolución de la Corte Suprema acerca de que no existe derecho a la protesta si se ejerce con violencia y afectando otros derechos fundamentales. La resolución de la Suprema señala que ni la Constitución, ni las leyes, ni ningún tratado avala este supuesto derecho a la protesta con violencia. Si el Legislativo evalúa y desarrolla las penas de los delitos de quienes bloquean carreteras, de quienes atacan a la policía y las fuerzas de seguridad, de quienes asaltan y destruyen campamentos mineros, la elección del señor Gutiérrez no pasará de ser una curiosidad de táctica política en un Congreso extremadamente fragmentado.

Si la mayoría de la centro derecha no toma consciencia de la urgencia de lanzar señales inmediatas y claras luego de la elección del Defensor, una eventual nueva oleada de violencia contra el Estado de derecho en el Perú, podría encontrar a la Defensoría del Pueblo del lado de los violentistas y milicianos que atacaban a las fuerzas de orden y destruían la infraestructura nacional. 

En cualquier caso, semejante hipótesis no es descabellada si se toman en cuenta la historia y las tradiciones del señor Gutiérrez. Por todas estas consideraciones, el Legislativo está obligado a enviar señales.