¡La campaña electoral y la destrucción del sector privado!

Hasta antes de la pandemia, tres décadas de desregulación de la economía y liberalización de los mercados –de acuerdo al régimen económico de la Constitución– habían posibilitado que el PBI se triplicará, que la pobreza se redujera del 60% de la población a solo 20% y que, en general, el país se organizara como una sociedad de ingreso medio. 

En este contexto, los migrantes andinos a las ciudades de la costa se convirtieron en los nuevos consumidores mesocráticos de la capital, y Lima pasó a ser una ciudad andina con una enorme pujanza económica. Algo parecido sucedió en las demás ciudades del país. El principal protagonista de esta gesta económica fue el sector privado que, cada año, solía invertir alrededor del 20% del PBI. De acuerdo a diversos organismos multilaterales, del total de reducción de pobreza, el 75% fue aporte de la inversión privada y el resto contribución del Estado y de las oenegés.

Paralelamente a este milagro económico avanzó la consolidación de la institucionalidad democrática, proceso en el que las izquierdas y las corrientes comunistas desaparecieron electoralmente. Estos sectores tuvieron que esconder sus programas y colaborar a escondidas con los gobiernos de entonces. El crecimiento y la prosperidad, pues, eran el peor enemigo de los programas colectivistas, que se oponen a las libertades políticas y económicas.

El escenario descrito cambió radicalmente con la administración Vizcarra y el desarrollo de la pandemia. Los yerros del Ejecutivo en la contención de la pandemia y el confinamiento ciego se convirtieron en bombas nucleares contra el crecimiento y la inversión. A estos hechos se sumaron los errores fiscales que aumentaron el déficit de manera irresponsable y la política sobrerreguladora y controlista del pasado Gabinete Zevallos. 

Cuando el Perú entró en recesión volvió el fantasma del aumento de la pobreza. Y de pronto, las posibilidades electorales de la izquierda resucitaron, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en las propias corrientes comunistas y colectivistas existe plena consciencia de que es prácticamente imposible que lleguen al poder mediante elecciones. La razón: la sociedad peruana es mayoritariamente informal, con mercados andinos y populares extendidos, en los que se práctica un capitalismo intenso y una fuerte tradición anticomunista contra el terror colectivista y la hiperinflación estatista. Es extremadamente complicado, entonces, que las izquierdas tengan viabilidad electoral.

Allí reside la explicación de que la izquierda –ahora que conduce la mesa directiva del Congreso e influye en el Ejecutivo– se haya propuesto aprobar normas que apuntan a regular mercados y a liquidar las inversiones en el sector privado. La nueva Ley Agraria, que crea una remuneración especial para el agro –a diferencia de toda la economía nacional– y que alienta la sindicalización por rama con objeto de establecer la estabilidad laboral en el empleo agrario, evidentemente, apunta a liquidar las inversiones agrarias en el país. Crear una remuneración especial por encima de las posibilidades de las pymes agroexportadoras y eliminar, en los hechos, los contratos temporales es acabar con el boom agroexportador que ha posibilitado incrementar las exportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones en dos décadas.

Algo parecido sucede con la ley que establece topes a las tasas de interés, que elimina la evaluación de riesgo en la concesión de los créditos, igualmente, a las pymes y los sectores desfavorecidos. En el Perú las tasas de interés están en el promedio de América Latina, pero existen créditos –sobre todo de consumo– que tienen tasas altas de interés porque, de acuerdo el riesgo, los bancos buscan proteger los depósitos de los ahorristas que sirven para los créditos. De acuerdo a la nueva ley, los más pobres han sido excluidos de las posibilidades de crédito, y solo les restará el crédito informal, con tasas que llegan al 1,000% anual.

La izquierda, entonces, necesita destruir al sector privado para llegar al poder con elecciones o sin ellas. De alguna manera es un sector ideológico que tiene absoluta claridad en sus objetivos políticos y programáticos. Muy por el contrario, los sectores republicanos, que defienden el equilibrio de poderes, no logran comprender la importancia de defender el sector privado como parte del objetivo de preservar las libertades políticas y económicas en general.