La comisión de Constitución del Congreso de la R...
A diferencia de algunos medios y la mayoría de la opinión pública, en este portal creemos que el actual Congreso ha desarrollado una enorme labor en defensa del Estado de derecho, la Constitución y las libertades; sobre todo luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional que pretendieron imponer una asamblea constituyente.
Sin el respaldo del Congreso al Estado de derecho, lo más probable es que Pedro Castillo y el eje bolivariano habrían impuesto el camino de la constituyente. Igualmente, el Legislativo tuvo la virtud de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y reemplazar a los anteriores que habían “constitucionalizado” el golpe de Martín Vizcarra, quien inventó la figura de “la denegación fáctica de confianza” para cerrar el Congreso. Asimismo, el actual Legislativo aprobó una nueva ley sobre la confianza y los referendos que evitaron las maniobras populistas para controlar el sistema republicano en base a mayorías circunstanciales.
El Congreso, pues, tiene enormes activos en la defensa del Estado de derecho y la Constitución. Sin embargo, luego de la aprobación de la reforma bicameral y la derogatoria de la prohibición de la reelección de los parlamentarios, reformas urgentes y necesarias para construir un nuevo espacio público y organizar una nueva clase política, algo extraño ha comenzado a suceder: la mayoría de las bancadas se deslizan hacia el populismo de manera preocupante.
De pronto, todos los congresistas y las bancadas parecen focalizados en ganar votos de los sectores sociales que entran en conflicto, como si todos supieran que la bicameralidad, de una u otra manera, gatilla la posibilidad de la reelección parlamentaria.
Más allá de las legítimas estrategias de reelección de los congresistas y de los grupos parlamentarios, lo que parece inaceptable es que las bancadas de la centro derecha, que se convirtieron en columnas principales de la defensa del Estado de derecho, hoy se mimeticen con las propuestas populistas y terminen fortaleciendo todas las narrativas y relatos de la izquierda.
El mayor ejemplo de esta situación desconcertante es el sorprendente apoyo de Fuerza Popular a la propuesta de José Luna, congresista de Podemos, quien impulsa un sétimo retiro del sistema privado de pensiones. Una medida que destruiría el sistema de cuentas individuales de las AFP y crearía las condiciones para la estatización de las jubilaciones en el país. ¿Cómo se entiende que el fujimorismo pretenda destruir el sistema privado de pensiones, una de las columnas centrales de las transformaciones económicas de los noventa?
Igualmente, causa preocupación que algunos sectores de parlamentarios –sobre todo los de la izquierda colectivista y comunista– pretendan arremeter en contra de la legislación minera para, supuestamente, favorecer la formalización de la pequeña minería. En este razonamiento, como en todas las aproximaciones populistas, el fracaso de la formalización minera se explica por el sector privado y no por la incapacidad del Estado –a través de las regiones– para formalizar a la pequeña minería.
El populismo, pues, parece desatado en la mayoría de las bancadas del Congreso ante la posibilidad de la reelección parlamentaria. En cualquier caso, si las bancadas de la centro derecha se embarcan en este camino no serán ellas las que cosecharán los frutos electorales de estos gigantescos yerros, sino las izquierdas, los sectores antauristas y extremistas. El razonamiento es simple: si el modelo es el causante de los problemas y no el fracaso del Estado burocrático, entonces el más consecuente, el más radical, debe ganar. ¿O no?
COMENTARIOS