La batalla democrática de Lima del 19 de julio

De alguna manera la fortaleza de las instituciones democráticas, el imperio de la Constitución y las leyes nacionales, se pondrán prueba este 19 de julio cuando las vanguardias comunistas del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y otros núcleos del eje bolivariano lancen la supuesta “tercera toma de Lima” con los objetivos de la caída del Ejecutivo, el Congreso, el adelanto electoral y el restablecimiento en el poder del ahora golpista Pedro Castillo. 

Tirios y troyanos, y cualquiera con dos dedos de frente, entienden que los objetivos de los radicales comunistas con la supuesta tercera toma de Lima constituyen verdaderos delirios. Sin embargo, lanzan la estrategia de acumulación de fuerzas para probar cuál es el nivel de resistencia de las instituciones democráticas, el papel de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP), la voluntad de las mayorías silenciosas y las posibilidades del proyecto de la asamblea constituyente.

¿Por qué los núcleos radicales del maoísmo y del eje bolivariano se proponen probar la fortaleza de las instituciones democráticas? Porque luego de la caída del Gobierno de Castillo y las oleadas violentistas contra el Estado de derecho durante el verano pasado, el progresismo peruano, en uno de los actos de traición más extraños con la democracia peruana, lanzó una feroz campaña mediática, sobre todo contra el Congreso. Es incuestionable que las bancadas legislativas tienen enorme responsabilidad en el desarrollo de esta campaña de demolición; sin embargo, cuando la democracia se acababa de salvar de un golpe de Estado y de una de las violencias más destructivas de la región, la exacerbada campaña del progresismo contra el Legislativo y el Ejecutivo solo se entiende por la manera cómo este sector pierde el control de instituciones tutelares de la república. No hay otra explicación.

Todos estos hechos confirman que el progresismo es una corriente sin ningún compromiso con la democracia y la estabilidad institucional. Con encuestas en mano señalan que la desaprobación de los poderes del Estado obliga a adelantar las elecciones, como si se tratara de la elección de la junta directiva de un edificio vecinal. En otras palabras, el progresismo parece señalar que, si pierde el poder que ganó sin ningún triunfo electoral, entonces que venga el caos y la anarquía.

En ese sentido, así como las narrativas y fábulas del progresismo son las principales explicaciones del triunfo de Pedro Castillo y el momento de autodestrucción nacional que todavía vive el país, igualmente las campañas progresistas son las principales organizadoras e impulsoras de la supuesta tercera toma de Lima. Sin la campaña de demolición de las instituciones, ¿cómo así se atreverían a desafiar el Estado de derecho quienes fueron derrotados durante las olas de violencia del verano pasado? No parece posible.

La supuesta tercera toma de Lima, pues, trata de examinar la resistencia y fortaleza de las instituciones democráticas y ver si se abren las fisuras institucionales que posibiliten un camino hacia la constituyente. En el caso del progresismo los objetivos son más terrenales: se trata de forzar una negociación de cuotas de poder en el Ejecutivo y detener los cambios institucionales que se promueven en el Congreso, que significan la pérdida del control de instituciones tutelares del sistema republicano.

Sin embargo, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia del verano pasado, en las instituciones de la democracia peruana ha surgido una resiliencia con respecto a las mayorías circunstanciales que suelen formarse en las encuestas y los sondeos de opinión. 

De alguna manera se ha entendido que las mayorías eligen a las instituciones (Ejecutivo y Congreso), pero que nunca las mayorías gobiernan, porque ellas se pueden convertir en una de las peores dictaduras. En el sistema republicano solo gobiernan las instituciones. Luego del golpe de Martín Vizcarra (con el respaldo de las mayorías circunstanciales), del referendo que destruyó el sistema político y el golpe de masas contra el gobierno de Manuel Merino, las instituciones parecen curadas del chantaje de las mayorías de la semana.