¡La anarquía es inaceptable a días de las elecciones!

Más allá de que la administración Vizcarra será recordada como una de las peores de nuestra historia republicana –no solo porque desinstitucionalizó el Estado de Derecho y envileció el sistema político a niveles impensados, sino también porque dejó una país arruinado económica y socialmente–, el Perú avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones. A pesar de que la no reelección de congresistas y la ausencia de un Senado bastardean nuestro sistema institucional, y a pesar del cierre inconstitucional del Congreso pasado, nuestra República está tentando una continuidad democrática de más de dos décadas.

No obstante que la Constitución fue relativizada por el Gobierno de Vizcarra y que la política se transformó en un campo de guerra y exclusiones, y no obstante también el populismo desatado del actual Congreso –que derogó la Ley de Promoción Agraria y aprobó una norma que pone tope a las tasas de interés–, el único camino que tiene nuestra República para superar el actual empantanamiento pasa por el desarrollo de las elecciones generales.

Igualmente, a pesar de que la negativa de la administración Sagasti a permitir la libre importación de vacunas contra el Covid de parte de la sociedad y los privados aumenta la letalidad y arruina las posibilidades de relanzar el país en el 2021, lo único que le resta a los peruanos es apostar por el cambio de estas ineficiencias, frivolidades y negligencias superlativas, mediante los comicios nacionales del 11 de abril.

Por todas estas consideraciones es inaceptable que, a tres semanas de las elecciones nacionales, se desate la anarquía, tal como acaba de suceder con el paro de los transportistas de carga. La administración Sagasti y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sabían que durante el 2020 se había acumulado un incremento del 50% del precio del petróleo en el mercado mundial. El aumento, pues, iba a trasladarse a los precios internos. En este contexto, en medio de la recesión y la quiebra de empresas, era previsible que se desataría el conflicto y la paralización de las carreteras del país. El MEF entonces debió prever, sobre todo luego de haber animado con entusiasmo ideológico la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la mejor norma económica de las últimas dos décadas.

A partir de ahora es incuestionable que cualquier autoridad que, ya sea por acción u omisión, permite que se desate la anarquía está cometiendo una infracción constitucional por una sola razón: se atenta contra la voluntad popular que debe expresarse en las próximas elecciones nacionales.

¿Alarma innecesaria? De ninguna manera. El fracaso monumental del Estado en la adquisición de vacunas contra el Covid, en medio del avance letal de la pandemia, echa sombras sobre el normal desarrollo de las elecciones. Las posibilidades de que el ausentismo aumente por temor a la pandemia son más que evidentes. Y si a estas desgracias causadas por el Estado le agregamos situaciones de anarquía como las de los transportistas de carga, entonces las teorías conspirativas que señalan a sectores dispuestos a promover el fracaso de los próximos comicios para permanecer en el poder sin elecciones, simplemente, comenzarán a crecer.

De allí también la importancia de que Yonhy Lescano, Verónika Mendoza y Pedro Castillo, candidatos antisistema que se despedazan por el voto en el sur del país, se pronuncien en contra de la anarquía. El motivo: todos los movimientos radicales y sectores antimineros están intentando organizar una asonada en el Corredor Minero del Sur, con el objeto de paralizar las inversiones y la producción de las principales minas del sur del Perú, que suman más del 50% de la producción nacional de cobre.

Si Lescano, Mendoza y Castillo no se pronuncian abiertamente en contra de estas estrategias que, mediante el bloqueo de carreteras y puentes, pondrían en peligro las elecciones sería evidente que están apostando, al menos, a que las elecciones no se desarrollen de manera normal.

Es incuestionable entonces que el deber de todos los republicanos y los sectores a favor de la economía de mercado y de las libertades políticas y económicas pasa por defender el normal desarrollo de las elecciones y denunciar los intentos de las minorías radicalizadas para desatar la anarquía.