La anarquía convoca al autoritarismo

La persistencia de la administración Sagasti en pasar el retiro a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en contra de la ley general de la policía, es demasiado grave porque, en la práctica, está abriendo las puertas de la anarquía. Si le agregamos el hecho de que esta errada decisión fue precedida por una injusta campaña de demonización de la PNP –pretendiendo asociar su actuación a la violación de DDHH– es evidente que allí residen las causas de la huelga de brazos caídos que desarrolla la policía a nivel nacional.

El problema es que continuar en esta decisión puede terminar derrumbando las instituciones republicanas frente a las minorías radicalizadas que –utilizando legítimas demandas de la población– bloquean carreteras y desatan violencia en contra de la propiedad pública y privada. El ejemplo de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la mejor ley económica de las últimas dos décadas –que pretende ser copiada por otros países– es estremecedor: menos de 3,000 personas bloquean una carretera y derriban una norma que fue preservada por cuatro gobiernos constitucionales.

La huelga que se anuncia en el llamado Corredor Minero del Sur tiene el mismo propósito: derogar la Ley General de Minería y convocar a una asamblea constituyente. Un Estado sin policía no es Estado; en la práctica, ha procedido a autodisolverse en la anarquía. Y eso está sucediendo en el Perú. 

Las corrientes comunistas y colectivistas –que nunca ganarán una elección en el Perú por las características de nuestra sociedad de emprendedores– han encontrado en la violencia política la herramienta para avanzar en la centralización del poder a través de la convocatoria de una constituyente y la destrucción del sector privado, mediante la derogatoria de normas que fomentan  las inversiones con alta intensidad de capital y generan crecimiento y empleo de calidad (por ejemplo, las agroexportaciones y la minería). Gracias a estos sectores con altas inversiones, en las últimas tres décadas el Perú logró triplicar su PBI y reducir la pobreza, del 60% de la población a solo 20%.

En este contexto, ¿por qué sostenemos que la anarquía convoca a la reacción autoritaria? Desde la Independencia de la Corona española la anarquía ha sido el combustible de las reacciones autoritarias y de nuestra imposibilidad de construir un sistema republicano en el largo plazo. Desarrollando un ejercicio de reduccionismo, incluso la historia republicana podría reducirse a la relación entre anarquía y autoritarismo. 

En los años ochenta del siglo pasado, por ejemplo, los civiles y los partidos políticos fracasaron en toda la línea en contener la violencia terrorista de Sendero Luminoso y en desmontar el estado-empresario que creó inflación y pobreza, a semejanza de lo que sucede hoy en Venezuela. Y cuando los civiles fracasaban en todas las líneas comenzó a levantarse una demanda feroz de orden y autoridad. Si las instituciones republicanas y los partidos democráticos son incapaces de proveer uno de los principales bienes del sistema republicano –es decir, el respeto a la ley y el orden– es evidente que la ciudadanía buscará una alternativa fuera de la comunidad política.  En otras palabras, así surgió la década del fujimorato y el autoritarismo de esa época.

Salvando las distancias algo parecido podría suceder en las próximas elecciones nacionales: los candidatos autoritarios comenzarán a cosechar gracias a la siembra ingenua de la administración Sagasti. De allí la enorme responsabilidad del presidente interino, Francisco Sagasti, y del propio Partido Morado –abiertamente comprometido en la crisis– en restaurar el orden público a través de la reorganización del mando policial, el respeto a la ley en la línea de sucesión y, sobre todo, el respeto a vidas enteras dedicadas a la institución policial.

No existe un solo argumento racional, ninguno, para mantener la zozobra en el país y la posibilidad de que se desate la anarquía frente al avance de las minorías radicalizadas.