La amenaza antisistema y el futuro de la gobernabilidad

La consolidación política del Ejecutivo y del Congreso luego de las Fiestas Patrias parece señalar que las propuestas de interrupciones constitucionales –ya sea para adelantar las elecciones o para instalar una asamblea constituyente– no prosperarán y el sistema republicano avanzará hacia las elecciones nacionales del 2026. El principal argumento de progresistas y comunistas para interrumpir el proceso constitucional se focalizaba en el resultado de las encuestas y en la violencia en las calles que, sobre todo, buscaba desenlaces fatales en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Una de las cosas más impresionantes de las argumentaciones progresistas era el que “las mayorías nacionales rechazaban” la legitimidad de los poderes del Estado cuestionados. Si las democracias se rigieran por encuestas o por el ejercicio de la violencia callejera nunca habrían existido sistemas republicanos. Las mayorías circunstanciales pueden convertirse en los peores déspotas de la sociedad, tal como ha acontecido en la historia universal.

Planteadas estas aproximaciones, hoy las amenazas contra la gobernabilidad ya no están en la violencia o en los sectores radicales o progresistas, sino en el propio Ejecutivo y Legislativo. Si ambos poderes del Estado no buscan representar a las sociedades emergentes, a las provincias y distritos –sobre todo los del sur–, desarrollando inversiones para reducir brechas sociales y obras de prevención; si no se relanza el crecimiento de la economía para seguir reduciendo pobreza y evitar que esta lacra social siga aumentando; si no se recupera niveles mínimos de seguridad ciudadana, la falta de legitimidad, de aprobación, del Ejecutivo y del Congreso se convertirán en un poderoso sentimiento antisistema que tendrá efectos inevitables en las elecciones del 2026.

Cuando el Perú reducía la pobreza y los problemas de gobernabilidad no llevaban a la sociedad hasta el límite, las propuestas antisistema amenazaron el sistema democrático en el 2006 y el 2011, hasta que el 2021 Pedro Castillo ganó la elección. Si el Estado no avanza a reencontrarse con los sectores postergados, ¿acaso, como se dice, no les estamos sirviendo la mesa al antisistema?

En este contexto necesitamos un Gobierno, un Estado, que avance a reencontrarse con el Perú profundo. Y un mínimo de voluntad de focalizarse en los problemas de gobernabilidad puede lograrlo. No solo se trata de relanzar el crecimiento y la inversión privada, sino de desarrollar propuestas audaces en los cinco departamentos más pobres e informales del país (Puno, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho): desde proyectos de regímenes tributarios especiales hasta un shock de inversiones que universalice los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, entre otros. Se necesita, pues, volver a crecer a tasas altas para seguir reduciendo la pobreza y cerrar las brechas sociales que nos convierten en dos países distantes y separados.

Sin embargo, también es necesario reconocer que las responsabilidades del Ejecutivo y del Congreso son diferentes, así como de los sectores progresistas, comunistas y las fuerzas de la centro derecha en general. La concentración del poder económico y político del Estado en el Ejecutivo convierte a éste en el principal responsable de la gobernabilidad. En ese contexto, es necesario y urgente que surja una oposición democrática al Gobierno, que le dispute al radicalismo y al antisistema la crítica y el rechazo a los yerros e indolencias del Ejecutivo. Una oposición, igualmente, que señale la responsabilidad de los sectores progresistas que construyeron los relatos que llevaron al poder a Pedro Castillo, el peor candidato de la historia nacional; una oposición que sindique la responsabilidad de los sectores comunistas y colectivistas que han destruido casi todos los logros económicos e institucionales de las últimas tres décadas, con las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones. 

En resumen, una oposición que encabece las críticas al Ejecutivo, denuncie las responsabilidades del progresismo y de las corrientes comunistas, pero que sea capaz de convocar a la unidad nacional en defensa del Estado de derecho frente a la permanente amenaza bolivariana.