La amazonía y las oenegés

Días atrás se publicó un informe titulado “La Amazonía indígena peruana: invisible y sin oxígeno”, elaborado por la líder de la izquierda Verónika Mendoza. El estudio, publicado con aportes de varias organizaciones no gubernamentales ecuatorianas, lejos de ser un documento consistente y técnico sobre la crisis sanitaria generada por la pandemia en las comunidades, es un manifiesto ideológico contra lo que se llama la “fórmula extractivista” que busca convertir a la “Amazonía en una despensa de petróleo y minerales”. Con una mirada absolutamente cuestionable sobre las comunidades nativas –sobre todo por los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI)– el mencionado documento se convierte en un alegato en contra de lo que Mendoza llama extractivismo.

El eje central de este informe tiene que ver con la insistencia en la modificación de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley Nº 28736- PIACI). Según Verónika Mendoza , “las organizaciones indígenas exigen (…) que se modifique la Ley N° 28736, de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, para garantizar la intangibilidad de sus territorios”. Bueno pues, cuando Mendoza indica que la Ley de PIACI debe ser modificada, en realidad pide que el Estado reconozca la condición permanente de los pueblos aislados. ¿Qué quiere decir eso? Vale recordar que, según la actual Ley PIACI, los pueblos aislados tienen una “condición transitoria”, porque se entiende que están en un proceso de reconversión de nómades hacia una situación sedentaria.

Lo que sucede es que la izquierda insiste en modificar la referida Ley PIACI porque si el Estado reconoce su “condición permanente” se les concedería el uso y la intangibilidad de tierra a perpetuidad, y ello evitaría, por ejemplo, que los proyectos e inversiones en madera, gas e hidrocarburos se desarrollen en estas tierras. En otras palabras: la izquierda quiere evitar que se materialice algún proyecto “extractivista”. Pero lo más grave es que en un supuesto afán proteccionista la izquierda pretende que los pueblos aislados mantengan su aislamiento indefinidamente. En realidad, proponen que un grupo de peruanos tenga una subcondición con respecto a los demás compatriotas: desde una esperanza de vida menor a los 35 años hasta cero en educación.

El objetivo del mencionado documento es combatir el llamado “extractivismo” y preparar el terreno para que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que simplemente entregaría la soberanía nacional a las políticas implementadas por las oenegés de izquierda. Sin embargo, en la medida que nadie puede detener la globalización en la Amazonía –porque quienes promueven, por ejemplo, los negocios de madera son los propios indígenas–, es evidente que las prohibiciones de Escazú solo fomentarán la informalidad de los taladores ilegales, de los mineros ilegales y hasta quizá explotaciones petroleras extralegales. Con el Acuerdo de Escazú la selva se convertiría en una tierra de nadie.

Lo curioso, además, es que sean organizaciones no gubernamentales ecuatorianas las que financian la elaboración del mencionado documento, no obstante que el país norteño es un importante productor de petróleo. ¿Una estrategia contra posibles inversiones de hidrocarburos en Perú? 

Asimismo, esta nueva propuesta de Mendoza obedece a un plan mayor que busca bloquear todo tipo de inversiones. La izquierda, desde la Comisión de Pueblos Andinos, del Congreso, propone cambiar el sentido de la denominada consulta previa para que las oenegés de izquierda se conviertan en el verdadero poder detrás de las decisiones.