JNJ: ¿Algunos magistrados pretenden ser vitalicios?

Un sector de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pretende convertir en letra muerta los mandatos taxativos de la Constitución de 1993 e interpretarla de acuerdo a las coyunturas. Si eso sucediera, el Estado de derecho habría sido herido de gravedad y, de una u otra manera, estaríamos en una situación parecida a la que desencadenaría la convocatoria de una asamblea constituyente: la destrucción o relativización de todos los principios constitucionales que nos permiten organizarnos como un sistema republicano.

El inciso 3 del artículo 156 de la Constitución establece que para ser integrante de la JNJ se requiere “Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años”. La redacción es clara e impecable, y cualquier estudiante de derecho de los primeros años podría aprehender el texto sin alguna duda. Sin embargo, un miembro actual de la JNJ ha sobrepasado por algunos años la edad límite y se ha configurado una grave infracción de la Constitución.

Hasta allí estaríamos ante un quiebre de la Constitución que se debería sancionar de acuerdo a la Carta Política. No obstante, lo que agrava la situación es que la mayoría de los miembros de la JNJ señala que la infracción constitucional no existe, porque un organismo administrativo como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ha interpretado que los límites a la edad establecidos en la Constitución son para ingresar a formar parte de la JNJ. ¿Cómo es posible que magistrados –con responsabilidades establecidas constitucionalmente– señalen que un organismo administrativo como Servir puede interpretar la Constitución? ¿Acaso no saben que el único intérprete de la Carta Política –en casos de diferendos– es el Tribunal Constitucional? Es evidente que los miembros de la JNJ no solo avalan una infracción inconstitucional como el desconocer los mandatos constitucionales sobre la edad de sus miembros, sino también respaldan una clara usurpación de las funciones del TC.

Los despropósitos de los miembros de la JNJ, al parecer, se mantienen por el respaldo de un sector político y de la media nacional. Sin embargo, la audacia llega a límites tales que el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, viaja a Washington y se toma una foto con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para conseguir respaldo a su posición.

Planteada las cosas así, es incuestionable que la decisión que asuma el Estado de derecho y el Congreso frente a las graves infracciones constitucionales de los miembros de la JNJ es asunto de vida o muerte para el sistema republicano. Si se acepta el relativismo constitucional en la interpretación constitucional todo puede acaecer.

Recordemos que antes de elegirse a la mayoría de los magistrados actuales del Tribunal Constitucional, un sector político del país desarrolló una abierta estrategia para impedir este proceso, con el claro objetivo de convertir a los jueces con mandatos vencidos en “vitalicios de facto”. Incluso se movilizaron a jueces provisionales de la Judicatura para bloquear los procesos de elección en el Congreso. Y, efectivamente, los jueces progresistas con mandatos vencidos se convirtieron en vitalicios.

El relativismo constitucional del progresismo llegó a un nivel tal de envilecimiento que se llegó a justificar el golpe de Estado de Martín Vizcarra, quien con la fuerza de un apoyo popular circunstancial y de los mandos de las fuerzas armadas de entonces llegó a cerrar el Congreso invocando una “denegación fáctica de confianza”, una figura que no existe en la Constitución y nunca podría existir en un sistema republicano. Más tarde, ese mismo constitucionalismo progresista llegó a justificar otro golpe de Estado: el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino.

Si el Congreso y el Estado de derecho no asumen su responsabilidad frente a las graves infracciones constitucionales cometidas por los miembros de la JNJ, entonces, se abrirá una caja de Pandora constitucional que nos llevará al abismo. Y de nada habrá servido detener el proyecto de la asamblea constituyente.