Jefe Supremo de la FF.AA. y PNP debe defender Constitución y soberanía nacional

Luego del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se establece que en el Perú se violaron los Derechos Humanos y se desliza la posibilidad de que hayan existido “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”, el Gobierno de Dina Boluarte se ha desordenado de gravedad, creando situaciones que podrían amenazar la gobernabilidad.

La señora Boluarte, ante el informe, señaló que ella no tenía “el comando de las Fuerzas Armadas” y que, por lo tanto, los temas operativos en la defensa del Estado de derecho luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas insurreccionales contra la Constitución, eran de exclusiva responsabilidad de los oficiales al mando. ¿Cómo puede pronunciarse de esa manera la jefe supremo de las FF.AA. y la PNP, según la Constitución? El pronunciamiento presidencial fue interpretado como una grave fisura entre el poder civil y el poder militar, una relación clave, imprescindible, que posibilitó defender la Constitución y el sistema republicano ante el intento del golpe chavista en el Perú.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Daniel Maurate avaló las conclusiones del informe de la CIDH y se enfrentó a la posición del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola. Todos estos hechos reseñados revelan que el Ejecutivo, a propósito del informe de la CIDH, han comenzado a dispararse a los pies por falta de una comprensión ideológica de la naturaleza del informe de la CIDH, la manera de enfrentar las estrategias progresistas y el futuro de una eventual judicialización de los civiles y políticos que defendieron el Estado de derecho.

Una de las cosas que merece subrayarse con respecto al informe de la CIDH es que, de una u otra manera, termina con el relato de los gobiernos bolivarianos acerca de que en el Perú “una élite blanca, colonial, aliada con una mayoría del Congreso, perpetró un golpe contra un jefe de Estado de origen andino”. El señalado informe reconoce la sucesión constitucional de Dina Boluarte y la plena vigencia del Estado de derecho en el Perú.

Sin embargo, ese señalamiento está en abierta contradicción con la tesis acerca de que, durante el desarrollo de la violencia luego del golpe fallido de Castillo, hubo violaciones de DD.HH. y eventuales ejecuciones extrajudiciales de parte del Estado. Es una contradicción insalvable, inaceptable, ideologizada, porque se cuestiona abiertamente el uso constitucional de la fuerza pública. Todos sabemos que si el Estado no hubiese utilizado la Constitución y la ley para detener los ataques a los aeropuertos, los ataques y destrucción de decenas de comisarías, el bloqueo de carreteras para desabastecer las ciudades y quebrar el aparato productivo, inevitablemente el Perú se habría rendido ante la violencia, se habría quebrado el Estado de derecho y se habría instalado una asamblea constituyente.

El informe de la CIDH cuestiona, pues, una de las herramientas centrales de cualquier Estado de derecho en el mundo, y pretende iniciar un nuevo ciclo de judicializaciones de los civiles y políticos que defendieron la Constitución y el Estado de derecho ante la peor amenaza a la democracia de las últimas tres décadas. En este contexto, el Gobierno de Boluarte, como se dice, no puede sacar el cuerpo y pretender cargar las responsabilidades a los oficiales que han ejercido las funciones operativas. De ninguna manera. Todas las acciones de la oficialidad se han enmarcado dentro de los marcos de la Constitución y la ley.

Siempre vale recordar que el Perú derrotó el terrorismo comunista en los ochenta con una de las estrategias contrasubversivas con mayor participación campesina y popular en toda la historia de la región. Sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad, al sostener que en el Perú hubo “una estrategia que violaba sistemáticamente DD.HH.”, inició un ciclo de judicializaciones, de guerras políticas, que, finalmente, terminó con la elección de Pedro Castillo.

No permitamos que algo parecido vuelva a suceder. En el Gobierno de Dina Boluarte no se debe poner en riesgo la gobernabilidad cargando la responsabilidad de defender el Estado de derecho únicamente a nuestras FF.AA. y PNP.