Izquierda quiere, ¡todo el poder para onegés!

Días atrás diversos sindicatos, organizaciones no gubernamentales y redes informativas publicaron un comunicado en que exigían la aprobación de un proyecto denominado “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”. El pronunciamiento exige que el pleno del Congreso apruebe la referida ley que, en la práctica, consagraría un sistema de vigilancia ambiental a cargo de las oenegés, y de manera paralela al Estado. Los sectores marxistas buscan crear “un poder popular alternativo” al poder establecido en la Constitución y las leyes.

Vale señalar que el predictamen del proyecto se debate actualmente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. La mencionada iniciativa legislativa ha sido recogida por el congresista Lenin Bazán, del Frente Amplio, partido comunista que suele levantar el tema “ambientalista” como estrategia para bloquear las inversiones en recursos naturales. Asimismo, en el 2017, la ex congresista María Elena Foronda, también del Frente Amplio, presentó esta propuesta que ahora un camarada suyo promueve. 

El mencionado proyecto tiene un objetivo subalterno: ¡todo el poder para las organizaciones no gubernamentales de orientación marxista! Hace unas décadas se decía ¡todo el poder a los soviets! Ahora es para las oenegés. Entonces, dicha iniciativa propone la creación de una organización paralela al Estado, las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social, que serán absolutamente autónomas y cuya capacidad de decisión, sobre qué proyectos extractivos van o no, será omnipotente.

Los promotores venden dicha propuesta como un mecanismo para “la prevención de conflictos socioambientales, a través de la instauración de un diálogo directo e institucionalizado entre el Estado y las organizaciones representativas de la población local”. Es decir, la apelación al principio de la participación ciudadana esconde otros fines. Pero, ¿acaso la Constitución y las leyes de la República no contemplan mecanismos de diálogo, jerarquías y competencias entre los gobiernos central, regional o local? ¿Hasta cuándo seguirán estas iniciativas comunistas que desvirtúan las bases del sistema republicano?

Bajo el sambenito de la participación ciudadana pretenden politizar e ideologizar temas que son absolutamente técnicos. Por ejemplo, los lahares, fenómenos naturales de origen volcánico que contaminan los ríos que bajan de los Andes, son utilizados para promover campañas de supuestas contaminaciones con minerales, como consecuencia de la labor de las empresas mineras.

También es importante señalar que ¡ya existe una norma de participación ciudadana! Y que el Estado, a través de una densa normativa, asegura y garantiza la participación de las comunidades, poblaciones y redes de sociedad civil. Esta ley no solo busca duplicar competencias, sino también entregar todo el poder sobre las decisiones ambientales a las oenegés de izquierda.

En la misma Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el congresista Lenin Bazán ha propuesto una ley para cambiar completamente el sentido de la Consulta Previa, con objeto de convertir este mecanismo en un proceso perpetuo de “participación popular” para detener las inversiones y los proyectos extractivos.

Como se aprecia, la izquierda busca crear instituciones paralelas al sistema republicano establecido en nuestra Constitución y nuestras leyes, con el claro objeto de desarmar el modelo económico ladrillo por ladrillo, hasta producir una implosión y reversión de todos los logros económicos, sociales e institucionales de los últimos 30 años. En este línea, de crear entidades paralelas, también está el Acuerdo de Escazú, que debe ser rechazado por el Congreso y todos los defensores de la peruanidad.