La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La escena en que un grupo de militantes del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) impide el izamiento de la bandera nacional en una plaza de Desaguadero, en Puno, hiere al Perú y a la peruanidad. El gesto antipatriota no solo revela la necesidad de reforzar la estrategia de las fuerzas de seguridad para preservar el Estado de derecho, sino también desnuda la complejidad de la crisis social en el altiplano.
A nuestro entender, los peruanos no solo tenemos que izar la bandera nacional en Desaguadero, ya sea mediante la persuasión o el uso constitucional de la fuerza pública, sino que tenemos que desarrollar una estrategia integral para recuperar Puno para el Perú y la peruanidad. Una estrategia que implica el uso de todos los mecanismos contemplados en la Constitución; pero sobre todo, que se plantee la inclusión de la mayoría de puneños en una nueva formalidad que emerja de abajo hacia arriba.
En contra de los relatos y narrativas que se suelen repetir en el altiplano, Puno apenas aporta el 1.9% al PBI nacional. Es decir, un aporte insignificante. ¿Cuáles son las explicaciones de semejante estado de cosas? Es incuestionable que la informalidad en Puno sobrepasa el 90% de la economía y la sociedad. Al parecer solo los empleados del Estado son los representantes de la formalidad, que se aborrece en la sociedad puneña.
Semejante estado de cosas explica que el 43% de la población se encuentre debajo de la línea de pobreza y que más del 40% se halle en estado de vulnerabilidad ante este flagelo social. Y si a esta devastadora realidad le sumamos que el Gobierno Regional de Puno suele ejecutar apenas algo más del 50% de su presupuesto, tenemos el peligroso cóctel de informalidad y fracaso de la regionalización que explica la tragedia.
En Puno entonces no hay Estado. Y si existe solo genera informalidad y pobreza. El Estado pretende cobrar impuestos sin otorgar servicio alguno y se convierte en el enemigo a combatir. Según un reporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del 2021, los hogares en Puno con acceso a agua potable, saneamiento y electricidad apenas sobrepasan el 50% de la población, mientras a nivel nacional el promedio de hogares con estos servicios supera el 80%.
Recuperar Puno para el Perú, pues, implica construir un nuevo Estado, una nueva legalidad que refleje el movimiento de la sociedad de abajo hacia arriba. En la medida que la informalidad azota a todo el país (uno de los más informales de la región) es incuestionable que la construcción de un nuevo orden legal en Puno debería ser el punto de partida de una reforma integral de las relaciones entre Estado y sociedad en el país. Salvar a Puno del radicalismo y de las movilizaciones antisistema, entonces, también es una manera de salvar al país.
En Puno se necesita un Estado sin sobrerregulaciones, simplificado, que fomente las iniciativas y los emprendimientos de la sociedad y los mercados emergentes. Se necesita formalizar todos los mercados populares y, sobre todo, la minería artesanal informal vinculada a la explotación del oro. Y existen las más amplias condiciones para avanzar en ese proceso, siempre y cuando en el Ejecutivo y el Congreso exista la voluntad de recuperar el orden en Puno, pero con reformas y una estrategia de formalización.
Igualmente, en Puno se necesita un verdadero shock de inversiones que relance la presencia del Estado, superando los límites del fracaso de la regionalización. No puede ser que los mercados y emprendimientos de Juliaca, luego de las lluvias y granizadas, se asemejen a los de siglos pasados por falta de sistemas de alcantarillado. Imposible. No puede ser que el lago Titicaca siga contaminado por la falta de lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas.
En cualquier caso, recuperar Puno para el Perú y la peruanidad debería representar el inicio de una gran reforma del Estado que relance la viabilidad del Perú. Allí debe residir la gran diferencia de un nuevo ciclo de crecimiento y reducción de pobreza con respecto a la expansión económica de las últimas tres décadas.
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