Invocar el consenso para confrontar al límite

Como todos sabemos, durante su reunión con José Williams, titular del Congreso, el presidente Pedro Castillo le alcanzó un documento titulado “Consenso por el Perú”, con el objetivo –según el Gobierno– de acabar con la inestabilidad política y la reducción del crecimiento. En otras palabras, el Ejecutivo que convirtió al Gobierno en un ejército de confrontación hoy utiliza los conceptos diálogo y consenso.

Sin embargo, basta echarle una ojeada al documento en mención para percatarse de que estamos ante un gambito político que busca seguir avanzando en la guerra, en la confrontación, pero utilizando la palabra consenso. Por ejemplo, el Ejecutivo señala que de los 69 proyectos presentados por el Gobierno deben priorizarse algunas reformas, tales como que el Estado promueva y vigile la libre competencia “erradicando toda práctica que la limita con el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, prohibición de los monopolios u oligopolios…”. ¿A cuáles monopolios se refiere el Ejecutivo? ¿Acaso no se entiende que el mejor régimen contra malas prácticas proviene de nuestra economía abierta, sobre la base de 22 tratados de libre comercio? Por ejemplo, si alguien quisiera vender aceite por encima del mercado mundial sería barrido por las importaciones masivas. 

Luego, en el documento se agregan las siguientes propuestas que revelan la intención de seguir agitando a favor de la asamblea constituyente: “Eliminar los contratos ley, que supeditan y restringen la potestad tributaria, la autonomía y atribuciones del Estado. También eliminar la subsidiaridad del Estado, en tanto este puede realizar actividad empresarial por razón de interés público o de manifiesta conveniencia nacional…”

Las cosas entonces no pueden estar más claras. El Gobierno de Pedro Castillo pretende eliminar de nuestro ordenamiento todos los principios constitucionales que explican el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza sin precedentes en toda nuestra historia republicana. Es decir, el respeto a los contratos ley que posibilitó el regreso de los capitales internacionales en minería, servicios, agroexportaciones y otros sectores. 

Igualmente se propone eliminar el rol subsidiario del Estado frente a la actividad privada. En otras palabras, erradicar el principio constitucional que ha permitido que existan teléfonos baratos y accesibles para todos los sectores, y que ha posibilitado expandir como nunca los servicios de electricidad, internet y otros.

El Gobierno, en la práctica, está proponiendo una asamblea constituyente para que retorne el Estado empresario que antes vendía leche, arroz, frijoles y generaba las escaseces y colas que todavía vemos en la tragedia venezolana. El Estado empresario que tenía líneas aéreas nacionales que cobraban pasajes solo para ricos, porque no había competencia y ofertas alternativas. El Estado que lo producía todo y donde faltaba todo, a tal extremo que la pobreza llegó al 70% de la población. 

En el Perú de los ochenta, en ese Perú de la hiperinflación que pretende resucitar el gobierno de Castillo, se escenificó una de las primeras tragedias chavistas en la región. Fuimos precursores de la tragedia venezolana y el Gobierno quiere llevarnos por ese camino.

Cualquiera sea la cifra a la que se recurra para evaluar a las empresas públicas, los resultados son realmente desastrosos. Una de esas cifras nos señala que entre 1973 y 1991 las cerca de dos centenares de empresas públicas aumentaron el déficit público en más de 3.5% del PBI. Y, entre 1989 y 1991, arrojaron pérdidas por más de US$ 5,000 millones.

El programa del estado empresario conlleva la propuesta del estado empleador. De pronto, el sector privado se encoge a su mínima expresión y los recursos recaudados no alcanzan para financiar las planillas del Estado empleador. El déficit se agranda y los políticos imprimen billetes sin valor, la famosa “maquinita”. De repente se desata la hiperinflación y cada día la gente amanece más pobre, y en el Perú de los ochenta y en la Venezuela del nuevo milenio la gente debió comerse a sus perros y sus gatos para sobrevivir.

Una locura más de este Gobierno.