¡Gobierno en colisión con mineros artesanales!

Mineros artesanales protestan por intento de criminalizarlos

Las organizaciones nacionales de los mineros informales avanzan hacia una protesta nacional para este 5 de diciembre en respuesta al Decreto Legislativo 1244 del Ministerio de Justicia, que considera a la minería ilegal como parte de los delitos de crimen organizado. Si se tiene en cuenta la definición de minería ilegal establecida en el Decreto Legislativo 1105 —promulgado durante la administración nacionalista—, no solo se considera ilegal a quien desarrolla actividades mineras en reservas nacionales y parques nacionales, sino también al artesano que no tiene papeles y que no cuenta con los requisitos técnicos, sociales, ambientales y administrativos para ejercer la industria.

En otras palabras, la definición de minería ilegal es tan amplia que abarca a casi toda la minería informal. Allí entonces reside el motivo del choque que se avecina entre el gobierno y los mineros artesanales. Siempre vale precisar que nadie apoya la minería ilegal que contamina los ríos y bosques y las áreas reservadas. En ello existe consenso.

El problema es que el decreto del sector Justicia considera como parte del crimen organizado a un minero artesanal que comete errores ambientales y administrativos. Cuando en la gran minería se cometen yerros administrativos o ambientales, a nadie se le ocurre hablar de crimen organizado. Sonaría a una verdadera locura. ¿Por qué entonces se discrimina tan clasistamente a un minero artesanal? Si un pequeño minero formal, que paga sus impuestos y funciona dentro de la legalidad, de pronto comete un error técnico, social, ambiental o administrativo, ¿debe ser considerado como parte una banda criminal? La norma que impulsó la señora Marisol Pérez Tello no tiene pies ni cabeza, y el Congreso debe derogarla al término de la distancia.

¿Cómo así la administración PPK ha resbalado de esta manera? En el Perú existe una concepción reaccionaria que considera que el más de 60% de la informalidad de la economía es un asunto cultural y de idiosincrasia que se resolverá con mano dura, con interdicciones y bombardeos. A esta concepción reaccionaria y clasista no se le ocurre pensar que el informal permanece en esa condición porque no puede asumir los costos y procedimientos establecidos en la ley, a menos que pierda todo su capital acumulado. No se atreve a considerar que las sociedades informales, en realidad, son una amalgama de emprendedores procapitalistas que se han declarado en desobediencia civil ante las malas leyes. El problema, por lo tanto, no está en el informal, sino en la ley.

Pero lo más paradójico en esta concepción reaccionaria es que pretende defender el sistema y la legalidad cuando en realidad está alimentando el triunfo de las propuestas antisistema, pues está entregando a las sociedades informales procapitalistas a la influencia de los radicalismos antisistema y anticapitalistas. Una verdadera irracionalidad.

Don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú, sostuvo que la minería informal sumaba alrededor de 400 mil pequeños productores y que cerca de un millón de personas dependían indirectamente de esta actividad. Además don Alberto dijo que se movían alrededor de US$ 2,OOO millones anuales en la producción informal de oro y cobre. Los peruanos y la administración PPK deben decidir si quieren que esta fuerza económica y social quede dentro de la economía de mercado o fuera de ella. Allí está el gran dilema. Con la informalidad todos pierden: el medio ambiente, el Estado —que no cobra impuestos— y los propios mineros artesanales.

La economía de mercado decretó el fin de los privilegios de reyes y aristocracias, y estableció las mismas oportunidades para todos los actores de la economía; ya sean grandes, medianos o pequeños. En el Perú a alguien se le ha ocurrido que puede borrar del mapa a la minería informal. Si las cosas apuntan por allí, lo más probable es que la democracia y la economía de mercado estén en serios aprietos.