La comisión de Constitución del Congreso de la R...
¿Cómo es posible que una sociedad que, en tres décadas, redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20% –antes de la pandemia– terminara eligiendo a Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana, quien buscaba acabar con el modelo económico antipobreza? Más allá del fracaso de los gobiernos, de los partidos, y la corrupción en el sistema político, es evidente que el relato que polarizó al país entre el fujimorismo y el antifujimorismo es la explicación principal. Sin esa fábula, sin esa narrativa que escribió el progresismo, las clases medias alienadas de su realidad y sus intereses (algunos las llaman “cojudignas”) no habrían votado por el candidato que los condenaba al empobrecimiento generalizado.
Es evidente, pues, que si pretendemos evitar que regrese un nuevo Pedro Castillo al poder, debemos cancelar la polarización fujimorismo versus antifujimorismo y desarrollar un gran acuerdo nacional para preservar el Estado de derecho y fomentar movimientos de derecha y de izquierda comprometidos con la institucionalidad y la construcción de una comunidad política nacional.
Una de las condiciones de la superación de esa polarización, que ha destruido la institucionalidad del país, es que el ex presidente Alberto Fujimori no muera en la cárcel, tal como pretenden las corrientes progresistas. Pero no solo se trata de una de las condiciones para organizar un nuevo momento en el país, sino que también tiene que ver con la vigencia de la Constitución, el Estado de derecho y las leyes nacionales. El ex presidente Fujimori fue indultado por el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski y luego el propio Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad del indulto.
Sin embargo, recordándonos que el Perú todavía es una república a medio construir, un Estado a mitad de camino entre un Estado de derecho y una república bananera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no se cumpliera el procedimiento del indulto y la sentencia del Tribunal Constitucional. Con argumentos ideológicos, la Corte arguyó un supuesto de delito de lesa humanidad para inaplicar los procedimientos constitucionales del Estado peruano. Vale recordar que cuando se cometieron los delitos imputados a Fujimori, el Perú todavía no había suscrito el Tratado de Roma, en el que se estipula el delito de lesa humanidad.
Más allá de la interpretación singular e ideológica de la Corte, lo trágico y lamentable es que el Estado peruano se allanó a la sentencia de un tribunal internacional que, en los últimos años, se ha convertido en la dependencia ideológica del progresismo y las corrientes de izquierda. De esta manera, los años pasan y Alberto Fujimori, un anciano con una enfermedad terminal, con cáncer, avanza hacia la muerte, en contra de cualquier principio de la Constitución del Perú.
La vigencia del Estado de derecho y de la Constitución, y la posibilidad de construir una comunidad política que supere la guerra destructiva en que se sumergió el país en las últimas tres décadas, entonces, requiere que el Estado peruano haga respetar un indulto presidencial y una sentencia del Tribunal Constitucional. De lo contrario, las pasiones políticas, la extrema ideologización en que ha caído el sistema interamericano de Derechos Humanos, continuarán llevando al Perú por el mismo camino de destrucción institucional y política de las últimas décadas. Un camino que, finalmente, culminó con la elección del peor candidato de la historia republicana.
En las primeras décadas del siglo XXI, el Perú no puede reeditar las pasiones, polarizaciones y autodestrucciones que, desde la Independencia, han convertido a la experiencia republicana en un fracaso estrepitoso. De ninguna manera debemos repetir la miseria que llevó a algunos sectores a condenar a la muerte en la cárcel al ex presidente Augusto B. Leguía, quien murió sumamente enfermo, con apenas 44 kilos de peso. Una escena que resume la sed de venganza de algunos.
El Perú del mañana nunca más debe repetir semejante barbarie. Avancemos a un verdadero acuerdo nacional.
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