Frivolidad progresista en la defensa del Estado de derecho

Los sectores progresistas que pretenden gobernar sin ganar elecciones, sin formar partidos ni presentar programas, sorprendentemente han comenzado a plantear la renuncia de Dina Boluarte o exigen la responsabilidad política del Gabinete Otárola por la lamentable muerte de 45 peruanos. Si cayera el Gabinete Otárola, ¿acaso el proceso insurreccional no triunfaría y solo bastaría convocar a una constituyente? ¿Acaso no se derrumbaría el principio de autoridad democrática, sin el que no se puede defender la Constitución y el Estado de derecho? Todo suena absurdo, a menos que se quiera el triunfo de la insurrección y la asamblea constituyente.

Detrás de las demandas progresistas está la intención de “sociologizar” la ola de violencia y quitarle su contenido insurreccional en contra de la Constitución y el Estado de derecho.  Se sostiene que la violencia se explica por la exclusión y marginalidad, sin señalar la estrategia de poder del Movadef y de los movimientos del eje bolivariano, una estrategia que se ha aplicado en Ecuador, Chile y Colombia. Sin señalar también que el bloqueo de carreteras para desabastecer las ciudades, el ataque y destrucción de aeropuertos y el incendio de activos públicos nacionales, son actos de guerra que ninguna sociología puede pretender atribuir con seriedad a la exclusión de las provincias del sur.

Decimos que se trata de una frivolidad porque, en el fondo, los progresistas saben que si ganara el proyecto de la asamblea constituyente, al igual que la llamada “derecha bruta achorada” ellos serían perseguidos y avanzarían al mismo cadalso preparado para los defensores del Estado de derecho. Sin embargo, juegan con fuego, porque están disputando una cuota de poder en el Estado, en medio de una crisis general del sistema republicano.

Los progresistas han vaciado la política de contenido ético, de ciertos principios mínimos. Para ellos, es igual participar de un gobierno de Pedro Castillo o de Dina Boluarte o de cualquier otro. Y expresan sus intenciones sin el menor sonrojo, como si se hubieran consagrado como los funcionarios públicos de los mil oficios y de los mil gobiernos. El objetivo es llegar al poder. Y en ese camino se juega con fuegos que, tarde o temprano, los quemarán.

Y lo más grave de todo es que la violencia y las muertes, de una u otra manera, tienen que ver con el derrumbe de la república progresista que se construyó en las últimas tres décadas. ¿A qué nos referimos? Si bien los gobiernos de Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti expresan administraciones de izquierda y de derecha, es incuestionable que la política y la sociedad se organizó en base a los relatos que el progresismo construyó luego de la derrota de Sendero y el fin del fujimorato. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad igualó la violencia y el terror senderista de los ochenta contra la sociedad peruana con los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado. Si la violencia del terror y el maoísmo solo era una parte del conflicto armado interno, ¿por qué iba a ser un gran problema elegir a Pedro Castillo –el candidato menos preparado y con claros vínculos con el maoísmo senderista– para detener a “la derecha fascista”? Los relatos progresistas fueron tan hegemónicos en la sociedad que incluso fueron asumidos hasta las clases medias altas de Lima. Sin relato progresista, entonces, no se habría elegido a Castillo.

El comunismo y el colectivismo radical lanzan una ofensiva contra el Estado de derecho cabalgando sobre todas las narrativas que el progresismo ha construido en las últimas décadas. Por ejemplo, la supuesta defensa de los Derechos Humanos, con el objeto de erosionar la autoridad del Estado de derecho, es una de las grandes banderas de quienes pretenden avanzar sin mayores obstáculos en la destrucción de los aeropuertos nacionales. Hasta un periodista propone una dicotomía que nadie ha planteado ni puede existir: entre “la defensa de la vida y la defensa de un aeropuerto o la ley y el orden”, el periodista, con gesto crístico, nos dice que opta por la vida. ¡Vaya! ¡Como si la vida se defendiera sin Estado de derecho!

La ofensiva comunista y colectivista en la educación, la minería, en la agricultura, en contra de las empresas privadas y el sistema republicano en general, avanzan sobre los rieles armados por el progresismo. Sin embargo, los progresistas siguen diciendo, ¡solo nosotros salvaremos al Perú!