En el Perú el financiamiento del sector privado a los p...
La llamada “toma de Lima” fue un verdadero fracaso, porque apenas convocó un poco de más de 5,000 manifestantes. La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un operativo impecable con más de 10,000 efectivos que evitó que la violencia escalara a mayores. Sin embargo, las vanguardias comunistas y minorías radicalizadas desataron el vandalismo desarrollando ataques directos a nuestra gloriosa policía nacional del Perú (PNP), que resistió las agresiones sin caer en las provocaciones.
De otro lado, en un plan sincronizado -tal como lo denunció la presidente Dina Boluarte- núcleos comunistas atacaron los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Juliaca, sin embargo, la violencia fue contenida por las fuerzas del orden. En cualquier caso, todos los peruanos contemplamos absortos el vandalismo y la agresividad de los núcleos radicalizados en contra de nuestra PNP y a muy pocos les quedó duda de que los responsables de las lamentables y trágicas muertes de 47 peruanos son los impulsores de la ola insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho.
¿Qué revela los recuentos de los mencionados hechos? En primer lugar, que la segunda ola insurreccional que se inició el 4 de enero y que pretendía culminar con la llamada “toma de Lima” para producir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente –es decir, que pretendía quebrar el Estado de derecho– ha fracaso de principio a fin. El sistema constitucional de derecho sigue en pie y las instituciones tutelares del sistema republicano continúan funcionando. En segundo lugar, revela que la espiral de violencia no cuenta con el respaldo de las mayorías nacionales y que solo es alimentada por las milicias comunistas y las vanguardias colectivistas que desarrollan verdaderos actos de guerra: bloqueo de carreteras para desabastecer las ciudades, intentos de atacar y destruir aeropuertos, ataques a decenas de comisarías y a los sistemas energéticos e hídricos del país.
A nuestro entender hoy empieza a quedar absolutamente claro –incluso para los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (con enorme sesgo ideológico de izquierda)-- que los únicos responsables de las trágicas y lamentables muertes de 47 peruanos son las corrientes comunistas que alientan acciones de guerra contra las fuerzas del orden.
Otro aspecto a considerar sobre el fracaso de la llamada “toma de Lima” es que la capital, la mayor ciudad andina de todo el Perú –casi el 80% de su población es de origen andino y provinciano– ha rechazado la violencia y muerte que desencadenan estas vanguardias. De allí la escasa convocatoria, que apenas superó unos miles, quienes fueron controlados con extraordinario profesionalismo por nuestra PNP. Una confirmación más de que la espiral de la violencia que enfrenta el Perú no responde a un sentimiento de las mayorías. Vale siempre recordar que frente a una verdadera insurrección de masas no hay Estado ni fuerza de seguridad que funcione. Aquí estamos ante puras vanguardias comunistas.
Ahora bien, vale precisar que algunos sectores políticos priorizan el cálculo político y las cuotas de poder en los gabinetes antes que la defensa de la Constitución y el Estado de derecho. El progresismo peruano, a nuestro entender, tiene un papel lamentable en la defensa Estado de derecho cuando relativiza el uso constitucional de la fuerza pública por “una sociologización” de la ola de violencia, que pretende señalar que el actual proceso insurreccional es una expresión de la miseria y la exclusión. ¿A quién se le ocurre que la exclusión produce escuadras que atacan a la fuerza pública y pretenden destruir aeropuertos?
Por otro lado, igualmente, el progresismo alimenta leyendas en la prensa internacional que caen en la ridiculez. Como aquella que señala que los Andes bajaban a Lima para “la toma de Lima”. Los Andes vienen tomando Lima desde mediados del siglo pasado a tal punto que han convertido a la capital en la ciudad andina más grande del Perú, a tal punto que se han apoderado de la mayoría de sus barrios, a tal punto que los peruanos aymaras y quechuas migrantes controlan el emporio comerciales como el de Gamarra, los mercados Unicachi y otros mercados emergentes.
En cualquier caso, contra viento y marea, el Estado de derecho permanece en el Perú. Únicamente los pueblos que luchan se ganan su derecho a la libertad y el pueblo peruano lucha y resiste.
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