Estado se rinde en Oleoducto Norperuano

El Estado peruano, una vez más, retrocede en el Marañón. En el acuerdo firmado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con los pobladores de la comunidad de Mayuriaga (distrito de Morona, en la provincia de Datem Marañón), ellos se comprometen a reparar de manera inmediata la tubería en el kilómetro 193 que ellos mismos sabotearon. En otras palabras, los saboteadores se convierten en una empresa de servicios. Increíble. Asimismo, los pobladores acuerdan que cuidarán la infraestructura del Oleoducto Norperuano (ONP).

Se estima que las pérdidas acumuladas por la paralización de las operaciones petroleras suman US$ 90 millones. De otro lado, se calcula que, por los permanentes sabotajes, se han derramado 8,000 barriles de crudo. Derrames que han sido acumulados en “charcas”, que son los depósitos cavados por los mismos saboteadores para evitar que el crudo llegue a los ríos cercanos. Sobre el volumen de petróleo almacenado en los tanques y chatas (embarcaciones de río) no hay cantidades establecidas. Sin embargo, se sabe que se ha trasladado el crudo almacenado hacia Ecuador por medio de estas chatas.

Semanas atrás, en un comunicado de Petroperú, se señalaba que los comuneros de Mayuriaga habían reconocido ser los actores de la rotura del ducto. No es la primera vez que sucede un acto de esta naturaleza. Según han informado los trabajadores de Petroperú, en varias oportunidades las perforaciones del ducto han resultado actos de sabotaje evidentes.

En el reciente acuerdo, el Estado se compromete a mejorar las condiciones de la comunidad relacionadas con la salud y educación. Las autoridades locales y regionales coordinarán con la localidad el mejoramiento de la posta médica y la construcción del colegio para los alumnos de secundaria. Otro de los compromisos es reactivar el proyecto de electrificación de la comunidad (en este año) y la instalación de una antena de telecomunicaciones para los servicios de telefonía e Internet.

Según ha señalado la Red de Comunicación Regional (RCR), el premier Villanueva ha anunciado que el miércoles 6 de marzo se reinician las operaciones del ONP. Con el sabotaje al ONP, ocurrido hace más de 90 días, las compañías petroleras en el Marañón detuvieron sus operaciones para evitar los daños ecológicos. Sin embargo, por los perjuicios ocasionados al ducto no hay denuncias individualizadas. En su momento, el fiscal acudió al lugar solo para comprobar los hechos. En ese contexto, la debilidad del Estado para proteger y garantizar la integridad de los activos nacionales es notoria. Impunidad amparada por el actual Ejecutivo.

Desde diciembre pasado, los operadores petroleros del Marañón denuncian la falta de gestión de Petroperú y la debilidad del Estado frente a los sabotajes. Señalan que si el Estado hubiese invertido en US$ 10 millones o US$15 millones para atender las demandas acordadas en el acta (construcción del colegio, la antena y la electrificación) los saboteadores no habrían tenido argumentos sociales para encubrir sus objetivos delincuenciales. El país entonces no habría perdido US$ 90 millones.

Los sabotajes delincuenciales al ONP y la abdicación de la autoridad del Estado suceden no obstante que el Perú importa cada año US$ 5,500 millones de petróleo para abastecer la demanda industrial y doméstica. Una tragedia en un país que tiene cuencas petroleras sin explorar y no puede imponer la ley allí donde existen compañías de hidrocarburos.