Estabilidad y reformas, las dos caras de una misma moneda

El Perú necesita superar la guerra política que empezó dos décadas atrás, que recrudeció luego de las elecciones del 2016 y que se expresó en el referendo que destruyó el sistema político, en el cierre inconstitucional del Congreso que perpetró Martín Vizcarra y, finalmente, en la elección de Pedro Castillo. Una guerra política en que se focalizó las energías políticas en la exclusión de los rivales, mientras se abandonaba la gobernabilidad.

En medio de una guerra política, los gobernantes y políticos, con gestos y campañas efectistas, pueden ocultar el peor manejo de la pandemia en el planeta e ignorar las tareas de reconstrucción de las infraestructuras, y desdeñar la urgencia de las reformas institucionales y cualquier aspecto vinculado al buen gobierno. Luego del golpe fallido de Pedro Castillo, de una u otra manera, estamos ante la posibilidad de detener y superar esa polarización que ha venido destruyendo el país. En efecto, el Ejecutivo y el Congreso parecen interesados en sobrevivir y buscan convergencias para la gobernabilidad. Una muy buena noticia.

Sin embargo, el restablecimiento de un mínimo de estabilidad política no significará absolutamente nada si el Estado no es capaz de articular un plan de corto, mediano y largo plazo para avanzar en obras de prevención en el norte e iniciar un shock de inversiones en el sur. El Gobierno de Dina Boluarte necesita demostrar que puede desarrollar obras mínimas para mitigar en el norte el impacto de las lluvias de fin de año y concretar un paquete de inversiones en el sur. Son objetivos que el Ejecutivo debería materializar a pesar de los fracasos e incapacidades de los gobiernos regionales.

No obstante, a nuestro entender, la defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la estabilidad política en el mediano plazo solo serán posibles si el Ejecutivo y el Congreso desarrollan iniciativas para reformar el Estado y relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. En este contexto, si queremos superar la permanente amenaza del antisistema es evidente que el Perú necesita un Estado simplificado –por llamarlo de alguna manera– que supere las sobrerregulaciones y multitud de procedimientos que se han construido en las últimas tres décadas por la influencia del progresismo y las narrativas anti-inversión. Con la cantidad de sobrerregulaciones que ahogan al ciudadano, la inversión privada y la sociedad en general, las tendencias desreguladoras de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país se vuelven letra muerta.

Igualmente, el país necesita relanzar las inversiones en infraestructuras a través de los sistemas de asociaciones público privadas y obras por impuestos para cerrar las brechas de infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, infraestructuras de salud y de educación, entre otras). Es imposible seguir creciendo si no se resuelven los déficits de conectividad física del país en términos internos y también en relación con los mercados mundiales. 

Asimismo, el Perú necesita reformas claves en educación y salud para desarrollar un capital humano que nos permita enfrentar los retos del crecimiento en una economía global y cada vez más digitalizada. Sin salud y educación de calidad (reforma meritocrática) es imposible siquiera imaginar un futuro para el Perú. 

Semejante paquete de reformas debería tener en la reforma del sistema laboral –sobre la base de la flexibilidad en los contratos de trabajo– su punto de inicio, a semejanza de las legislaciones laborales de los países desarrollados.

Estabilidad y reformas parecen ser las dos caras de una misma moneda que nos permitirá superar la amenaza colectivista y chavista. No hay otra alternativa.