Es hora de gobernar el Perú y de acabar con la incertidumbre

La narrativa acerca de que el adelanto electoral o la posibilidad de una constituyente restablecerían la paz social y la gobernabilidad, hoy parece representar el mayor triunfo de los sectores que se declararon en insurrección contra la Constitución y el Estado de derecho luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Y es el mayor triunfo, porque la mayoría de la población –incluso la de Puno y de Cusco– condena la violencia de las vanguardias comunistas, que ha quebrado el turismo del sur, bloquea la producción minera y agroexportadora, y pretende destruir el aparato productivo nacional. De allí que, no obstante los millonarios recursos y logística, las marchas violentistas comiencen a despoblarse con dramatismo.

De allí también la necesidad de que los actores del Estado de derecho abandonen las narrativas que suelen desarrollar los comunistas y los progresistas para tratar de velar u ocultar las razones de la crisis. El Perú debe abandonar este ciclo de relatos y recuperar la gobernabilidad. Durante el Gobierno de Martín Vizcarra surgió la narrativa de que el referendo para reformar el sistema político establecido en la Constitución y la disolución del Congreso eran los caminos directos para recuperar gobernabilidad. Sucedió todo lo contrario: se envileció a tal extremo el sistema político que se produjo la elección de Pedro Castillo y el país avanzó hacia el actual impasse. Durante el Gobierno de Castillo se desarrolló la leyenda de que la asamblea constituyente era la fórmula mágica para solucionar todos los problemas y el Perú avanzó hacia uno de los momentos de mayor destrucción de su historia republicana. En todos estos casos estas narrativas nos distrajeron de la tarea de gobernar.

Hoy, luego del fallido golpe de Castillo, sigue la hechicería de la constituyente y los progresistas han impuesto la narrativa del adelanto de elecciones como otra fórmula mágica para restablecer la paz social. Una de las preguntas que, en el acto, emerge es, ¿cómo se pueden hacer elecciones sin restablecer el Estado de derecho en varias provincias del sur? O, ¿acaso los violentistas decretarán los resultados electorales que estamos seguros les serán totalmente adversos por haber destruido la economía del sur?

La primera condición de cualquier salida a la crisis es restablecer el Estado de derecho en el país y, sobre esa base, pasar a gobernar a nivel nacional. En otras palabras, el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir las funciones que les encomienda la Constitución y la ley. Igualmente, las demás entidades del Estado –sobre todo las del sistema de justicia– deben proceder a identificar y a procesar a todos los vándalos, delincuentes y terroristas, que han desatado la destrucción en las últimas semanas.

La sensación de impunidad de quienes destruyen el Estado y la sociedad es una de las primeras condiciones para alejar la posibilidad de la anarquía y el caos. Sobre la base de estos criterios, el Estado peruano (Ejecutivo, Congreso y demás instituciones republicanas) debe lanzar el shock de inversiones públicas en el sur, el más audaz de nuestra historia republicana. No es posible que existan millones de ciudadanos sureños sin agua ni desagüe. Si para lanzar esta especie de Plan Marshall en el sur –en alusión al plan de inversiones en América Latina durante la Guerra Fría– se necesita una legislación especial para superar la ineficiencia y corrupción de los gobiernos regionales, entonces el Congreso debe facilitar las cosas.

Ese es el tipo de discusiones que los políticos deberían procesar en vez de seguir trepados a las olas mediáticas que los progresistas suelen organizar. Las elecciones de una república tienen una periodicidad constitucional y la forma cómo se interrumpen los mandatos de los poderes soberanos (Ejecutivo y Legislativo), igualmente, están establecidos en la Constitución. Esos preceptos no se pueden modificar de acuerdo a humores circunstanciales, como si se tratara de la elección de una federación universitaria o de una junta vecinal.