Entre el escándalo del Rolex y la precaria estabilidad institucional

Las denuncias e informaciones periodísticas sobre la supuesta propiedad de relojes Rolex de la presidente Dina Boluarte, una vez más, han puesto en la agenda la posibilidad de una vacancia presidencial y un eventual adelanto de elecciones. El problema de este asunto tan delicado y sensible para la democracia peruana es que cuando el debate se torna mediático los especialistas del derecho constitucional suelen ser desplazados por especialistas de diversas áreas del derecho, opinólogos o políticos que desarrollan estrategias sin considerar los mejores criterios para el sistema republicano.

Es evidente que, ante semejante situación, el Congreso podría desarrollar un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral, si es que logra sumar los dos tercios de la representación nacional. Se trata de una facultad del Legislativo establecida en la Constitución. Sin embargo, sumar dos tercios de votos parece un resultado muy lejano, sobre todo considerando la posición de las bancadas de la centro derecha y la naturaleza de las denuncias.

Por otro lado, es incuestionable que el Ministerio Público tiene la competencia para investigar al jefe de Estado, sin embargo, si las indagaciones prosperarán el proceso deberá esperar el final del mandato de la presidente Boluarte, porque la figura presidencial está blindada constitucionalmente de acuerdo al artículo 117 de la Constitución. No hay otro camino.

Finalmente, una salvedad muy importante. Ante la hipótesis de que prosperara una vacancia presidencial, el titular del Congreso asume la jefatura de Estado para convocar a elecciones de presidente de la República con el objeto de completar el mandato del presidente saliente. No es posible convocar a elecciones del Congreso, porque el Legislativo solo puede ser disuelto ante dos negativas de confianza. De ninguna manera hay vacancia del poder Legislativo. Lo demás es ignorar el texto constitucional.

Por todas estas consideraciones, los peruanos de buena voluntad debemos mantener firmeza y decisión en cuanto a exigir que se investigue hasta el final el asunto de los Rolex, porque una persona pública –sobre todo el jefe de Estado– tiene el deber de explicar ante el país la totalidad de sus signos exteriores de riqueza. Sin embargo, igualmente, esa decisión de investigar de ninguna manera puede poner en peligro la estabilidad del Estado de derecho.

Vale recordar que el deber de cualquier demócrata es preservar al Estado de derecho a cualquier costo, porque la historia de la humanidad en los últimos dos siglos ha dejado en claro que el mejor sistema para luchar en contra de la corrupción y los abusos es el sistema republicano, el sistema de Estado de derecho. Adelantar las elecciones e iniciar una discusión sobre si se elige o no un nuevo Legislativo es destruir la precaria estabilidad que existe en el país a pesar de todos los yerros y despropósitos que se acumulan en el Ejecutivo y el Congreso. Es una manera de rifar la continuidad del Estado de derecho, considerando las precariedades, las amenazas antisistema y la lentificación de la economía.

Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y de las olas de violencia insurreccionales que dejaron el saldo lamentable de 60 peruanos fallecidos es incuestionable que todos hemos aprendido el enorme valor y la importancia de preservar el Estado de derecho. Si la violencia hubiese quebrado el sistema republicano y se hubiese convocado a una constituyente, hoy en el Perú sería imposible luchar en contra de la corrupción y defender los Derechos Humanos.

Una vez más los demócratas tenemos la responsabilidad de desarrollar la justa indignación en contra de los despropósitos de los políticos que conducen el Estado, pero sin olvidar que preservar al Estado de derecho es el objetivo supremo para combatir cualquier forma de abuso o corrupción.