¡Enfrentar el intento de judicializar a nuestros policías y soldados!

¡No debe volver a suceder! Durante los años ochenta, cuando los civiles fracasaron en construir la democracia y organizar la economía, Sendero Luminoso desató una feroz guerra en contra de la sociedad y todos los peruanos. Los partidos, los políticos, los intelectuales y las organizaciones civiles fracasaron en detener la ola de violencia y terror. Ante el fracaso de todos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) enfrentaron el terror, como última línea de la peruanidad, y salvaron al Perú, incluso a la unidad de su territorio. 

Sin embargo, las izquierdas –en sus versiones comunistas y progresistas– organizaron narrativas y relatos en los que la violencia contrasubversiva de las fuerzas del orden se presentaba con el mismo terror y muerte que la destrucción de las hordas terroristas. Nuestros soldados –en vez de ser reconocidos como héroes nacionales, como sucede en cualquier sociedad con mediana salud– fueron judicializados durante las últimas tres décadas. 

¿Por qué entonces nos quejamos de la llegada de la destrucción de Pedro Castillo? Los hechos destructivos se suceden con absoluta coherencia.

Algo parecido se pretende hacer con los soldados y policías que se han enfrentado a las vanguardias y milicias comunistas que pretendían asaltar y destruir aeropuertos, que han atacado comisarías y han bloqueado carreteras. El saldo de la violencia insurreccional es la lamentable muerte de 60 peruanos, 47 de ellos por disparos. Sobre este trágico escenario que han organizado y provocado las vanguardias comunistas se pretende señalar que las fuerzas del orden del Perú no defienden el Estado de derecho y las libertades, sino que violan los “derechos humanos”.

Una pregunta: si una vanguardia o milicia hubiese atacado un aeropuerto –exactamente como sucedió en el Perú– en China, Vietnam, Estados Unidos, Francia, Suiza o Rusia, ¿acaso los soldados no habrían ejercido el legítimo uso de la fuerza pública? Si las fuerzas de esos países no utilizaran la fuerza pública –de acuerdo a sus constituciones y leyes– esos estados habrían comenzado su disolución, su balcanización.

Los progresistas y las oenegés de izquierda, con gran gesto histriónico, comienzan a hablar de “ejecuciones extrajudiciales” e, incluso, algunos sectores se atreven a hablar de “terrorismo de Estado”. Si los sectores que defienden la Constitución y el Estado de derecho no desarrollan la más firme y amplia defensa de la constitucionalidad y la legalidad de la actuación de las fuerzas orden, entonces la actual derrota de las vanguardias comunistas se convertirá en triunfo, y la llegada de un nuevo Castillo será inminente en los próximos tiempos.

La Constitución –a través de los estados de emergencia y las leyes y decretos nacionales– ha autorizado plenamente el uso legítimo de la fuerza pública. Por otro lado, el Ministerio Público –como corresponde– desarrolla investigaciones independientes sobre las causas de esas lamentables muertes.

Sin embargo, si debido a las presiones ideológicas internacionales de los organismos derivados del Pacto de San José de Costa de Rica se pretende judicializar a nuestros heroicos soldados y policías que defienden el Estado de derecho, a nuestro entender ha llegado la hora de retirarse de la jurisdicción contenciosa del mencionado tratado internacional. Los organismos del Pacto de San José, en el pasado, ya han intervenido groseramente en el pasado, priorizando la ideología antes que el derecho.

No puede ser que los peruanos vuelvan a aceptar que se organice un calvario injusto para los soldados y policías que han defendido la Constitución y el Estado de derecho ante una de las insurrecciones violentistas más virulentas que ha desarrollado el eje bolivariano. De ninguna manera. No puede ser que se vuelva a aceptar la hoja de ruta que llevó al poder a Castillo y al maoísmo.

Por todas estas consideraciones la sociedad civil, las familias de los soldados y policías, los sectores empresariales y sociales, deben multiplicar la organización de entidades y oenegés dedicadas a defender a los soldados y policías y a todos los sectores judicializados por las corrientes comunistas y progresistas.