En Piura las rondas también atentan contra la minería

La noticia reciente de que no proceden las denuncias por agresión contra dos dirigentes ronderos en Yanta (Piura), fomenta la impunidad con la que actúan estas organizaciones que funcionan al margen el Estado de derecho. ¿A qué nos referimos con todo lo anterior? Aquí les contamos. 

El día 22 de febrero pasado un fiscal de Sullana dispuso la "no formalización ni la continuación de la investigación contra Donar Acha Santos y Víctor Acha Jiménez por la presunta comisión de delito contra la libertad y por agresión contra la mujer". Con ello los referidos ronderos quedaban sin denuncia alguna. ¿Qué había pasado? Pues días antes estos ronderos, en una situación absolutamente confusa, habrían entrado a la casa y agredido a otra dirigente, llamada Elvia Majuan Motero, quien está favor de que se desarrolle el proyecto minero Río Blanco.

El hecho es que en la zona de Ayabaca, en las alturas de Piura, existe una dictadura de las rondas campesinas opositoras al proyecto Río Blanco. En esta dictadura no se consiente el disenso ni que otros dirigentes ronderiles, como en el caso de Majuan Motero, estén a favor de un proyecto minero importante para la región. Así como Majuan Motero existe muchos ronderos que están legítimamente a favor de que se realicen las denominadas consultas sociales que desarrolla Río Blanco con el objetivo de sacar adelante el proyecto.

La conducta del mencionado fiscal en el caso de las rondas de Piura, de una u otra manera, legitima el accionar de todas las rondas del norte –sobre todo las de Cajamarca– que se oponen abiertamente a las inversiones mineras. Siempre vale recordar que en el llamado Cinturón de Cobre del Norte se han paralizado los proyectos Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay, que suman inversiones de más de US$ 15,000 millones y que tienen el potencial de producir 1.5 millones de toneladas anuales de cobre más para el Perú. Considerando que el Perú produce 2.5 millones de toneladas de cobre, se entiende la enorme pérdida nacional, sobre todo para los más pobres.

De allí que sea extremadamente pertinente preguntarse, ¿por qué el fiscal de Sullana, quien estuvo a cargo de iniciar las investigaciones sobre la agresión, resolvió dejar en libertad a dos comuneros que habían sido capturados en un operativo policial? Por la sencilla razón de que hoy en Piura las rondas campesinas actúan con total impunidad. La justicia está impuesta, no por el Estado de derecho, sino por las rondas. En diciembre en Sapalache, zona cercana a Yanta, las rondas azotaron a un policía, quien en días libres prestaba a servicios ocasionalmente a la empresa Río Blanco. Asimismo, en noviembre pasado castigaron a una jueza en la misma zona.

Cómo en Cajamarca, donde las rondas campesinas, han declarado la guerra a las empresas mineras y donde también actúan con total impunidad, en Piura estas organizaciones han logrado imponer su propia justicia. Hace algunas semanas en Cajamarca, Duberlí Rodríguez, ex presidente del Poder Judicial, estuvo en un Congreso de las rondas y de alguna forma avaló estas acciones. Así Piura y Cajamarca son hoy “zonas liberadas” de la justicia peruana, pues en ellas no rigen la Constitución ni las leyes nacionales.