El viraje presidencial que no se produjo

La mayoría de los observadores señalan que el último mensaje de Fiestas Patrias del presidente Vizcarra se caracterizó por la medianía. Por momentos hubo una sensación de derrota ante la devastación que causan a la República la pandemia, la letalidad del Covid y la recesión. De allí que el recelo y la desconfianza se hayan impuesto frente a la convocatoria de la unidad nacional; sobre todo frente a la emergencia de un Congreso que, más allá de la irresponsabilidad populista, parece empeñado en hacer respetar sus fueros. 

No hubo novedad en la lucha contra la pandemia, como si el Estado se resignara al curso natural del virus hasta que surja la vacuna. Igualmente, más allá del anuncio de concesionar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima de gobierno a gobierno y el destrabe de Chavimochic III, no hubo mayores novedades en la economía. El jefe de Estado permaneció fiel al libreto de mantener las distancias con el sector privado. 

Sin embargo, esta última omisión presidencial se convierte en una tragedia dentro de la tragedia general. ¿Por qué? Hoy para nadie es un secreto que, ante el fracaso general del Estado (a nivel de gobiernos central, regional y local), el sector privado se ha convertido en la principal columna sobre la que se apoya la peruanidad. Sin ese tejido empresarial que sigue aportando el 85% de los recursos del Estado, que los burócratas y políticos dilapidan o ni siquiera pueden gastar, el Perú estaría en proceso de disolución. Ni qué decir de las decenas de muestras de solidaridad del empresariado en las regiones, a través de donaciones de plantas de oxígeno, equipos médicos y alimentos. Sin esas filantropías el sufrimiento de nuestro pueblo sería mayor.

Pero no solo se trata de reconocer el presente. El futuro depende de la movilización empresarial. ¿Cómo se va a enfrentar la recesión que se expresará en un 15% de contracción del PBI, la destrucción de cerca de cuatro millones de empleos y el aumento de la pobreza a cerca del 30% de la población? ¿Acaso con inversión estatal? De ninguna manera, porque ese camino es la ruta que construyó la tragedia venezolana: más gasto público, más deuda pública, mayor déficit y la conocida hiperinflación.

El camino, pues, es uno solo: la inversión privada. El Perú, por ejemplo, tiene una cartera de inversiones mineras de cerca de US$ 62,000 millones. Victor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), acaba de señalar que si el país consolidara seis nuevos proyectos mineros estaríamos en condiciones de crecer por encima de los dos dígitos. En este contexto, se podría avanzar a reducir pobreza hasta por debajo del 10% de la población. ¿Por qué entonces el jefe de Estado no dijo nada sobre el proyecto Tía María? ¿Por qué se guardó silencio frente a la ofensiva radical que pretende acabar con todos los fondos sociales del sur del país, que aportan las mineras para construir infraestructuras en educación y salud? 

Y nosotros no preguntamos, ¿hasta cuándo, por ejemplo, Cajamarca seguirá siendo una de las regiones más pobres, no obstante que podría ser la más rica y tener ingresos per cápita de países desarrollados si se concretaran las inversiones en Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay y otras? Nadie lo entiende. Y se entiende menos el silencio cuando un jefe de Estado convoca a elecciones y se obliga a ignorar la popularidad como variable de gobernabilidad.

Pero el silencio no solo fue con respecto a la minería. Cuando el jefe de Estado señaló que el agro era el único sector que crecía en medio de la pandemia y la recesión, se olvidó de mencionar al único sector que lo hacía posible: el sector agroexportador que crea empleo, reduce pobreza, y es permanentemente amenazado por los sectores populistas y comunistas, que buscan liquidar la Ley de Promoción Agraria. Si el Perú exporta más de US$ 7,000 millones anuales solo se explica por este sector.

No obstante que Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, anunció un plan de créditos para las familias en problemas y que no pueden pagar las pensiones educativas, el jefe de Estado también guardó silencio sobre el tema. ¿Acaso el Mandatario respalda al anterior Gabinete Zevallos, que promulgó un decreto que obligaba a los centros de educación privada a informar sus costos fijos y variables, y negociar con los usuarios, estableciendo un control de precios indirectos?

Si bien el presidente Vizcarra no anunció ninguna medida en contra del sector privado tampoco se distanció de los yerros del Gabinete Zeballos que, durante su gestión en la pandemia, emitió decretos, protocolos y formó plataformas en el sur, que solo buscaban ahogar al sector privado. En cualquier caso, el jefe de Estado no se animó por el viraje, pese a que fue un discurso de despedida, de transición, en el que la popularidad circunstancial deja de ser importante. Veremos si el Gabinete Cateriano rectifica, como se dice, el tiro. Ojalá.