El TC también contribuye a destruir el modelo económico

El modelo económico consagrado en el régimen económico de la Constitución Política de 1993, de una u otra manera, comienza a ser desmontado ladrillo por ladrillo. En este proceso de destrucción, al parecer, comienzan a participar diversas instituciones republicanas porque no se entiende la relación entre estabilidad política, crecimiento económico, inversión privada, creación de empleo y reducción de pobreza.

Los anuncios del Ejecutivo acerca de promover una asamblea constituyente y nacionalizar los recursos naturales han sido devastadores para la generación de inversiones en el Perú. No hay una sola nueva. Igualmente, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha promulgado decretos laborales que buscan prohibir la tercerización, fomentan la sindicalización y liberalizan en extremo el derecho de huelga, con el objeto de seguir asfixiando la inversión privada. Por su lado, en el Congreso no solo han aprobado leyes que crean gigantescos compromisos de gasto (ley de devolución de aportes del Fonavi y ley de bonificaciones de maestros), sino que nadie se atreve a derogar las leyes laborales que pretenden colectivizar las relaciones de trabajo y representan las mayores modificaciones al modelo económico en las últimas tres décadas.

Ahora, el reciente electo Tribunal Constitucional (TC) acaba de señalar que el artículo 79 de la Constitución se puede leer de diferentes maneras. Como todos sabemos, este artículo señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto (ni para crear ni para aumentar los existentes), salvo con respecto al presupuesto del Legislativo. Sin embargo, a través de dos resoluciones, una en el 2021 y otra días atrás, el TC establece que la prohibición de crear o aumentar gastos solo funciona en relación al presupuesto vigente, más no así con respecto a los presupuestos del futuro.

¿Qué puede significar semejante decisión del TC en el actual escenario político e institucional? Algunos pueden señalar que no existirá mayor problema, porque la trayectoria fiscal del Perú ha mejorado considerablemente, sobre todo por los ingresos del fisco debido a los precios de los minerales en el primer semestre. El Perú podría lograr uno de los déficits más bajos del mundo en los próximos dos años, según diversos organismos económicos. El 2022, el déficit se situará en 2.3% del PBI mientras que el promedio de la región llegará al 4.6%.

Sin embargo, si analizamos la decisión del TC en el mediano y largo plazo, y consideramos la actual guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo, las consecuencias pueden ser devastadoras. Si bien el choque de poderes hoy se produce alrededor de temas constitucionales, es incuestionable que el populismo económico lo envuelve todo. El Gobierno no ha podido todavía desatar una orgía de gasto social por la resistencia opositora y el Congreso se ha contenido en algo en cuanto al populismo, para desarrollar una línea de oposición al Gobierno. Sin embargo, en algún momento esta mutua neutralización puede romperse para intentar ganar la guerra política. Allí la resolución del TC también construye una de las rutas de la destrucción nacional.

Si a los fallos del TC le sumamos la destrucción del sistema político que han causado las reformas políticas de Martín Vizcarra no es exagerado sostener que, de una u otra manera, ya estamos al borde del precipicio. La no reelección de los congresistas ha determinado que la mayoría de parlamentarios carezcan de experiencia política para conducir el Congreso. Igualmente, la ausencia de un Senado explica que los impulsos y arrestos de una eventual mayoría congresal no sean tamizados y tramitados por una segunda cámara más reflexiva.

A nuestro entender, pues, con su decisión el TC contribuye a acentuar las tendencias a la anarquía y la desorganización del país. Una de las cosas que está evitando la implosión del Estado y la sociedad –frente a la acción destructiva del Gobierno– es la solidez de la macroeconomía del país. Todo eso podría desaparecer en cualquier momento por las resoluciones del TC.