El radicalismo antifujimorista es antidemocrático

Marchas y amenazas de disolución contra la mayoría legislativa

La democracia se inventó para que enemigos irreconciliables evitaran ir a la guerra y construyeran una comunidad política en la que se prioricen las convergencias y se posterguen las diferencias. La democracia, por lo tanto, es incompatible con la exclusión y el veto en contra de un sector político. No se puede llamar demócrata quien parte de una voluntad de exclusión. Es pura retórica.

En el Perú, el antifujimorismo presente en el sistema político desde la caída del fujimorato, a inicios del nuevo milenio, ha gestado un sector radical intransigente que, sorprendentemente, puede estar conformado por reconocidos profesores que se reclaman representantes de la academia, las élites políticas y un gran sector de medios de comunicación.

El radicalismo antifujimorista le niega un lugar al fujimorismo en la comunidad política y, luego de la última elección —que consagró una mayoría absoluta naranja en el Congreso y un Ejecutivo que expresa a la tercera bancada del Legislativo—, ha desarrollado una clara estrategia de veto en contra de la mayoría legislativa. ¿Se puede excluir en democracia a una representación de un tercio o la mitad del país? De ninguna manera.

Hasta antes de la pasada interpelación y la inminente censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra, no hubo nada que pudiera llamarse obstruccionismo. Allí está la moción de confianza casi unánime a favor del Gabinete Zavala, la delegación de facultades legislativas para el Ejecutivo y la discusión del presupuesto. Sin embargo el radicalismo antifujimorista logró que en la mayoría de medios de comunicación se demonizara al movimiento naranja, se impulsaran marchas en contra del Legislativo y se lanzaran amenazas de una posible disolución del Legislativo.

El problema es que la estrategia del radicalismo antifujimorista contó con el guiño de un sector del Ejecutivo, y allí reside la principal causa del choque de poderes que parece avecinarse. Cuando el Presidente de la República —en acto que ya forma parte de la galería de despropósitos de la actual democracia, que avanza hacia su quinta elección sin interrupciones— asumió la idea de plantear una cuestión de confianza para el Gabinete, con el fin de evitar una posible censura de Saavedra, las cosas simplemente se desbordaron.

En el fujimorismo se entendió que si aceptaban la estrategia de veto encabezada por el Ejecutivo, tarde o temprano dejaban de ser mayoría legislativa y oposición política. En otras palabras, el Ejecutivo en vez de extender los puentes para evitar el conflicto de poderes asumió abiertamente la estrategia de de veto del antifujimorismo radical. Ese es, pues, el escenario de la virtual colisión de poderes que contemplamos.

Pero, ¿cómo entender este radicalismo antifujimorista que puede llegar a relativizar la democracia? Luego de la caída del fujimorato, durante los cuatro gobiernos democráticos, empezó a surgir un establishment estatal, una empleocracia que, de una u otra manera, ha convertido al fujimorismo en la némesis que amenaza su presencia en el Estado. De allí los argumentos delirantes acerca de que PPK le cedió al movimiento naranja la nueva elección del Defensor del Pueblo y de los miembros del BCR, a sabiendas de que la Constitución y las leyes nacionales facultan a la mayoría congresal que se geste a ejercer esa prerrogativa.

¿Por qué es importante reflexionar sobre este radicalismo antifujimorista? Porque el pepekausismo y el fujimorismo no podrán avanzar a niveles claros de convergencia —sin la renuncia de los naranjas a su papel opositor— si el gobierno no se desmarca de este radicalismo antifujimorista que ya empieza a ser delirante y muy curioso, con respecto a la demonización del fujimorismo y sus intentos de excluirlo del sistema político. Finalmente, todos sabemos que no hay futuro para el pepekausismo y el fujimorismo si no hay niveles mínimos de pactos y acuerdos.

La incompatibilidad de la democracia con una voluntad de vetar o excluir un sector político es tan real que solo bastaría recordar cómo la democracia peruana terminó bloqueándose en el siglo XX por el veto oligárquico y militar al Apra, el partido popular de entonces. Hoy parece suceder lo mismo frente a otro corriente popular.