El posible y aterrador regreso a los ochenta

El Gobierno interino de Francisco Sagasti y las decisiones del Congreso comienzan a dibujar un aterrador escenario institucional, político y económico y social: el retorno del gasto estatal descontrolado, el aumento del déficit, la aprobación de leyes que significan la destrucción del sector privado más competitivo y la anarquía social por el quiebre de la autoridad del estado republicano.

En las próximas horas –con complicidad del Ejecutivo–, estaría por aprobarse una norma que, en la práctica, significa la estatización de las empresas agroexportadoras que posibilitaron incrementar las exportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones, reducir significativamente la pobreza en las zonas agroexportadoras, y convertir al Perú en una potencia mundial en frutas y verduras. Luego de que alrededor de 3,000 personas bloquearan la Panamericana Sur y desataran la violencia contra la propiedad pública y privada, el Congreso y el Ejecutivo se allanaron a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. 

En las próximas horas el Legislativo estaría a punto de aprobar una norma que relativiza la temporalidad de los contratos de acuerdo a la estacionalidad del agro (siembra, mantenimiento y cosecha), que establece la más alta Remuneración Mínima Vital de la economía nacional (por encima de la minería, construcción y otros sectores); que divide la RMV de acuerdo a arbitrarias divisiones en grandes, medianas y pequeñas empresas; que establece el doble del reparto de utilidades –frente a los otros sectores de la economía– de los trabajadores en las empresas agrarias, y que obliga a las empresas a proveer alimentos, transporte y otros.

En realidad, un sector de congresistas considera que los empresarios agroindustriales son los responsables de la pobreza y la informalidad que todavía persiste en el campo, y no la incapacidad del Estado para fiscalizar los contratos laborales y para redistribuir la riqueza en servicios. En ese sentido, plantea una propuesta que estatiza las empresas agroexportadoras, si se toma en cuenta que los costos laborales representan entre el 40% y el 60% de los costos totales. La reforma agraria propuesta por el Foro de Sao Paulo, entonces, va en camino.

Es innegable que la liquidación de las empresas agroexportadoras busca acabar con un sector con alta intensidad de capital, que genera crecimiento y reducción de pobreza. Es el camino más directo para que las propuestas colectivistas y estatistas ganen audiencia y atención en las próximas elecciones generales. Si las cosas son así, ¿por qué entonces las corrientes comunistas y colectivistas dejarían que las inversiones mineras prosperen en el Perú? ¿Por qué no repetir el software empleado para derribar la Ley de Promoción Agraria –una de las mejores leyes económicas de las últimas décadas– en la futura derogatoria de la Ley General de Minería?

De otro lado, el Congreso se muestra inclinado a aprobar normas que destruirán el sector privado y poco interesado en preservar los fundamentos macroeconómicos que se han mantenido en las últimas tres décadas, y que forman parte de todas las herramientas económicas que nos permitieron triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% y convertirnos en una sociedad de ingreso medio. La ley, aprobada por insistencia en el Legislativo, que establece la devolución de los aportes de la ONP –no obstante que el sistema estatal no se basa en aportes individuales– representará un gasto de alrededor de S/ 16,000 millones y agravará el déficit fiscal que se acerca al 10% del PBI.

Asimismo, la estrategia de destruir al sector privado y deteriorar la macroeconomía del Perú avanza junto a la decisión de permitir la anarquía general. La administración Sagasti asumió el relato de las izquierdas, que pretenden demonizar a la Policía Nacional (PNP) y luego procedió a pasar al retiro a 18 oficiales generales de esa institución, contra la ley y las normas establecidas. El resultado: la PNP se ha declarado en huelga de brazos caídos en las protestas que impulsan las minorías radicales para destruir la economía de mercado y la inversión privada, tal como acaba de suceder en Ica con la derogada Ley de Promoción Agraria.

Destrucción del sector privado, deterioro de la macroeconomía y anarquía política y social, de una u otra manera, evocan los terribles años ochenta, en los que el estatismo velasquista desató hiperinflación y pobreza –como acaece en Venezuela– y se produjo la disolución de la autoridad del Estado, lo que posibilitó el avance del terrorismo senderista.

En este contexto, las próximas elecciones se convierten en la única esperanza de continuidad del sistema republicano y la economía de mercado. El motivo: es el único espacio en el que no pueden ganar las corrientes comunistas y colectivistas.