El Perú sin ley ni orden: ¡Estado de emergencia nacional ya!

Si bien las movilizaciones de las minorías violentistas motivan el rechazo de las mayorías, es incuestionable que la radicalización y violencia de estos sectores va en aumento, sobre todo en contra de la estructura productiva nacional. En el sur, en Majes (Arequipa), se asaltó la planta de producción de Laive, se saqueó la producción y luego se quemaron las instalaciones. Asimismo, en el Cusco se tomó una planta del proyecto Gas de Camisea. El día anterior igualmente se saqueó e incendió una de las plantas de la empresa Gloria. Mientras tanto las vías de comunicación del sur y del norte permanecen bloqueadas por minorías radicalizadas, sin que las instituciones republicanas –el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía nacional del Perú (PNP)– se propongan recuperar el Estado de derecho quebrado por estas vanguardias del eje bolivariano.

El objetivo de estos grupos organizados evidentemente es paralizar la estructura productiva nacional y ahogar el abastecimiento de las ciudades para crear una sensación de desgobierno nacional. En este contexto, el único camino que tiene el sistema republicano es utilizar las herramientas y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Perú: se debe declarar el estado de emergencia para que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas controlen los desmanes de estas vanguardias, que desarrollan una estrategia insurreccional para vacar a la presidente Dina Boluarte, cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente.

Por todas estas consideraciones, resultan extremadamente preocupante las declaraciones de este martes por la mañana de la presidente Boluarte, en el sentido de que la PNP no utilizará la fuerza para restablecer el Estado de derecho y que se investigará la responsabilidad policial en las lamentables muertes de siete compatriotas en los enfrentamientos. ¿Por qué generan preocupación semejantes declaraciones? Porque hasta el lunes se habían atacado 12 comisarías y se habían herido de gravedad a 119 efectivos policiales. ¿Acaso no está claro quiénes son los agresores y quiénes los agredidos? Semejantes cifras revelan una estrategia de terror y violencia contra la institución policial y las demás entidades del Estado, tal como se expresa en los asaltos e incendios de las dependencias regionales del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Las declaraciones de la señora Boluarte desarman la moral de la PNP y deben ser rectificadas de inmediato, a través de la declaratoria del estado de emergencia nacional y la autorización de las Fuerzas Armadas a controlar las vías nacionales y los aeropuertos y puertos del país.

El Perú enfrenta una ofensiva general del eje bolivariano y debe utilizar todas las herramientas contempladas en la Constitución Política del Perú.