La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La guerra política que se desató en el Perú luego de las elecciones del 2016, y que culminó en la elección de Pedro Castillo, comienza a pasar una terrible factura: luego de ser una estrella mundial en la reducción de pobreza, el país vuelve a aumentar este devastador flagelo. Hasta antes de la pandemia la pobreza se situaba debajo del 20%, luego de la pandemia este flagelo social se ubicó sobre el 26%. El Banco Mundial y otras entidades especializadas señalan que, de continuar las bajas tasas de crecimiento de la economía, la pobreza alcanzaría a alrededor del 30% de la población.
¿Cómo es posible que el Perú comience a escenificar esta tragedia en precisos momentos en que el precio de la libra del cobre tiene proyecciones de US$ 5 para el 2024? En calidad de segundo productor mundial del metal rojo, y en medio de un alza de los precios de los minerales, de ninguna manera se debe aceptar la desaceleración de la economía, que explica el aumento de la pobreza.
En el Perú cada año se incorporan alrededor de 300,000 jóvenes a la economía, demandando empleo. Asimismo, se conoce que un punto del PBI aproximadamente genera 90,000 puestos de trabajo. Sobre estas variables es evidente que para reducir la pobreza el país necesita crecer por lo menos en 4% del PBI.
Sin embargo, el Banco Central de Reserva acaba de establecer proyecciones a la baja del crecimiento: de 2.9% del PBI al 2.6% en este año. Igualmente, para el 2024 se proyecta que continuará la desaceleración de la economía. Es en este contexto que, luego de haber reducido la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia, el Perú podría tener una tasa de pobreza de 30%. En otras palabras, más de tres millones de peruanos pasarían de la situación de vulnerabilidad económica a la condición de pobres.
Si el Ejecutivo, el Congreso y los políticos que defienden la democracia no son capaces de revertir estas tendencias y relanzar el crecimiento de la economía, entonces de nada habrá servido defender la Constitución y el Estado de derecho frente al intento de golpe de Pedro Castillo. El aumento de la pobreza se convertirá en el mejor aliado y en el mejor argumento de los sectores del eje bolivariano, que señalarán que el incremento de esta lacra social es el resultado directo del régimen económico consagrado en la Constitución. En este escenario intentarán legitimar su propuesta de asamblea constituyente.
La guerra política en el Perú ha terminado frenando uno de los milagros económicos y sociales de los países emergentes. Un frenazo que parecía imposible considerando que, en tres décadas, el modelo peruano triplicó el PBI y redujo en más de dos tercios la pobreza, hasta antes de la pandemia. En medio de esta guerra política –que llegó al paroxismo con la propuesta de la constituyente de Castillo– fue imposible siquiera imaginar reformas (inversiones en infraestructuras, reforma educativa, reforma laboral y simplificación de las sobrerregulaciones en el Estado). En este devastador panorama la inversión privada dejó de crecer y hoy no existen nuevas inversiones en el país.
¿Qué hacer para retomar el camino de crecimiento y de reducción de la pobreza? Garantizar la estabilidad política y generar reformas y más reformas. La guerra política debe terminar y el Ejecutivo y el Congreso deben organizar acuerdos hasta el 2026. Sobre esa base, el país debe avanzar en la desregulación del Estado, que se ha convertido en uno de los más burocráticos de la región. Igualmente debe profundizar la reforma meritocrática de la educación y relanzar las inversiones en infraestructuras mediante asociaciones público privadas y obras por impuestos. Asimismo, se debe iniciar una reforma laboral que reduzca la informalidad laboral y organice un escenario de colaboración entre empresarios y trabajadores.
Sin estabilidad política y sin reformas, tarde o temprano surgirá otro fenómeno como el de Pedro Castillo. Advertidos estamos.
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