¿El peor Ejecutivo y el peor Congreso de nuestra historia?

El título de este editorial, en interrogante, es una abierta provocación a la reflexión y también a la enmienda. Muy pocas veces en la historia –más allá de las inevitables consecuencias de la pandemia– hemos contemplado cómo un país que tenía todas las posibilidades de enfrentar con éxito la crisis sanitaria y la ola recesiva mundial terminó con los índices más catastróficos: la letalidad más alta del planeta y la recesión más grave de los países de ingreso medio. Si consideramos nuestros números en rojo con los de Chile y Colombia, por ejemplo, emerge una justa envidia que se combina con una ira justificada.

Si bien el Ejecutivo tiene la primera responsabilidad en la tragedia nacional, hoy es incuestionable que el Congreso comienza a convertirse en uno de los peores de nuestra historia por el desconocimiento –de gran parte de sus representantes– de la Constitución, de las leyes y de las reglas de la economía. Los congresistas que exigían a gritos que el Banco Central de Reserva financie los huecos fiscales que ellos creaban con las leyes aprobadas constituyen un capítulo que debería grabarse, guardarse en un marco, y exigirse que las futuras generaciones lo estudien para comprender lo que nunca debe hacerse. En esos gritos se demandaba que volviera la maquinita de hacer billetes para financiar el déficit y desatar la hiperinflación que empobreció al 60% de los peruanos y obligó a muchos a comerse a sus mascotas, tal como hoy sucede en Venezuela.

Es evidente que la carrera populista la inició el Ejecutivo con una frivolidad que estremece. La idea de aumentar popularidad en medio de miles de muertos y millones de desempleados simplemente aterra. Pero eso es lo que sucedió con los retiros de la AFP, con el decreto que establecía controles de precios indirectos en la educación, con el desdén que se trató el aporte del sector privado a la pandemia de parte del pasado Gabinete Zevallos, con el ataque a las farmacias privadas (que solo abastecían el 20% de la demanda) y con el amague de la estatización de las clínicas, que solo atienden al 5% de la población.

Iniciada la carrera por la demagogia, el Congreso no se quiso quedar atrás. Aprobó, contra la Constitución, una ley que suspendía el cobro de los peajes, también promulgó su ley para retiros de los fondos de las AFP, aprobó la devolución de los aportes de la ONP (no obstante que no había un solo sol) y repuso en sus puestos a 14,000 maestros desaprobados. Algunas bancadas todavía persisten en su voluntad de destruir el país: iniciativas para controlar tasas de interés, para establecer controles de precios en educación y medicinas, para destruir el sistema privado de pensiones (estableciendo un sistema de reparto junto a las cuentas individuales) e infinidad de proyectos que vulneran la Constitución y el sistema de mercado.

A este paso, cuando los actuales Ejecutivo y Congreso abandonen el poder, el Perú estará en escombros. La reconstrucción del país será una tarea titánica, harto difícil, sobre todo considerando que el desempleo y el aumento de la pobreza se convierten el espacio ideal de los proyectos populistas, colectivistas o comunistas a secas. La propaganda acerca de que el reciente desastre es el resultado del “modelo neoliberal” se acentuará. Y no obstante que la tragedia empezó con el Gabinete Zevallos, un gabinete controlado por el Frente Amplio y sus estrategias en contra de la inversión.

Sin embargo, el Perú siempre ha tenido una característica: cada vez que la caída por la pendiente empujaba a la sociedad hacia un abismo insondable, el país se ha detenido y logrado evitar el extremo. De allí la certeza de que, en las próximas elecciones, el electorado sancionará al sector político que nos ha empujado a esta destrucción nacional; es decir, a los colectivistas, comunistas y populistas.