El golpe de Estado de la izquierda y el relativismo constitucional

En el Congreso se ha presentado una iniciativa para inhabilitar por infracción constitucional a quienes resulten responsables del cierre inconstitucional del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra. Más allá de las decisiones que asuma la mayoría del Legislativo sobre el tema nos parece extremadamente importante subrayar la importancia del debate que se desarrollará acerca de que, si el señalado acontecimiento, significó un golpe de Estado o no para el sistema republicano.

Las izquierdas nacionales han incursionado en el debate constitucional con un relativismo constitucional que, peligrosamente, termina borrando las competencias establecidas en la Carta Política para las instituciones tutelares del sistema republicano. Por ejemplo, durante el cierre del Congreso en septiembre del 2019, el Ejecutivo y Vizcarra invocaron una supuesta “denegación fáctica de confianza”. Una figura que no existe en la Constitución y nunca podrá justificarse en el pasado, en el presente ni en el futuro.

La confianza es una prerrogativa que el Ejecutivo presenta alrededor de las políticas públicas de gobierno para conseguir el respaldo del Congreso, y nunca puede ser interpuesta en contra de funciones exclusivas y excluyentes del Legislativo. Siempre fue así, porque así está establecido en la Constitución de 1993. Sin embargo, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, entró a patadas al Congreso y gritando contra todos los procedimientos interpuso la confianza ante el Legislativo. Y el Ejecutivo por sí y ante sí inventó la figura de la denegación fáctica y procedió a cerrar el Congreso.

Con esta decisión se liquidó el sistema de equilibrio de poderes, se modificaron las competencias del Ejecutivo y del Congreso y se perpetró un golpe de Estado. Y este suceso nunca dejará de ser un abierto golpe de Estado aunque el Tribunal Constitucional de entonces, convertido en vitalicio porque el Ejecutivo pretendía detener la renovación de sus miembros a cualquier costo, finalmente sostuvo que el golpe era un acto constitucional. Vale anotar que, en los regímenes bolivarianos, los tribunales constitucionales suelen legitimar figuras y actos que no existen en las cartas políticas de los países.

El golpe de Martín Vizcarra se perpetró con un significativo apoyo popular de la mayoría circunstancial de entonces y el respaldo de los mandos de las fuerzas armadas. Una confirmación más de que las encuestas y las mayorías efímeras de las oclocracias no pueden imponerse sobre el gobierno de las instituciones de los sistemas republicanos. Finalmente, las democracias más longevas del planeta son aquellas que han resistido el huracán de las mayorías volátiles que suelen fracturar las constituciones interrumpiendo los periodos constitucionales.

Lo más importante de las acusaciones constitucionales en el Legislativo, más allá de las sanciones, entonces, serán los debates y narrativas que se pondrán en la agenda pública y colisionarán a través de razones y argumentos. 

Hoy que los amparos de las cortes superiores detienen el ejercicio de las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso y ahora que se argumenta que el Tribunal Constitucional no puede suspender los efectos reales de una contienda de competencia entre el Legislativo y el Poder Judicial, un debate sobre la absurda figura de la denegación fáctica ayudará significativamente a evaluar y a considerar el grave daño que causa el relativismo constitucional a la democracia.

En el relativismo constitucional, en la práctica, no existe la constitución escrita porque todo depende de las correlaciones de fuerza de la hermenéutica o de las interpretaciones del texto constitucional. En el relativismo tampoco existe la fuerza de la tradición del common law inglés, que crea jurisprudencia y obliga, sino la estratagema para acomodar las constituciones, instituciones y procedimientos a una estrategia de poder.

En este universo relativo los golpistas de los últimos tiempos siguen siendo los demócratas, los republicanos, frente a las ofensivas de la ultraderecha o de ese estribillo cansino, que se resumen en el concepto de “facho”. Esas tendencias corrosivas contra la institucional deben ser debatidas y refutadas en estos procedimientos que ha iniciado el Legislativo.