El gobierno de Dina Boluarte, ¿por la izquierda o la derecha?

Después de más de 12 meses del golpe fallido de Pedro Castillo y luego de la reacción institucional, civil y militar en defensa del Estado de derecho y la Constitución, sería mezquino desconocer el papel del gobierno de Dina Boluarte en la afirmación de la institucionalidad. De alguna manera el Perú es un país que ha recuperado la gobernabilidad y sus posibilidades.

Sin embargo, las tendencias recesivas y el bajo crecimiento aumentan la pobreza, creando un escenario negativo para la preservación del orden democrático y el modelo económico. Si el Perú no relanza el crecimiento, en las elecciones nacionales del 2026 el antisistema encontrará el escenario ideal para intentar llegar al poder nuevamente, no obstante el fracaso de Castillo y la destrucción nacional que desató.

Igualmente, el desarrollo de la ola criminal que afecta a la sociedad, a los negocios formales e informales en las ciudades e, incluso, que comienza a jaquear a las regiones de producción minera, se convierte en otro factor que contribuye a la pérdida de gobernabilidad del país. Planteada las cosas así, ¿cuáles son las tareas principales del Ejecutivo para organizar la gobernabilidad.

Sin lugar a duda para volver a crecer y reducir la pobreza el Perú necesita que la inversión privada reinicie un ciclo de crecimiento y supere los dos últimos años consecutivos de caída. Si la inversión privada representa el 80% del total de lo invertido en el país y provee más del 80% del empleo, entonces, es la clave del crecimiento y la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, el Ejecutivo no estará en condiciones de convocar a la inversión privada si intenta nadar en el agua y el aceite en cuanto a la economía. ¿A qué nos referimos? Es imposible desarrollar, en la práctica, una estatización de la política petrolera y preservar el modelo económico. 

Una de las razones de que luego de tres décadas de modelo económico, el año pasado el Perú incumpliera la meta de reducción de déficit fiscal a 2.4% (se llegó al 2.8%) son los sucesivos rescates financieros de Petroperú, que ya suman US$ 2,500 millones y que podrían llegar a representar US$ 5,000 millones en total, si el Ejecutivo aprueba un nuevo reflotamiento de la petrolera estatal que suma yerros e ineficiencias. Esa posible cantidad sumada a los más de US$ 6,000 millones que cuesta la modernización de la refinería de Talara, a nuestro entender, es expresión del programa económico de Perú Libre antes que el régimen económico de la Constitución.

Si el mal manejo continúa y el 2024 no se cumple la meta de reducción del déficit fiscal al 2% del PBI, el Perú perderá sus grados de inversión alcanzados en las últimas tres décadas con el esfuerzo sobrehumano de todos los peruanos. Sin Castillo en el poder, entonces, el programa de Perú Libre comenzará a concretarse.

Recuperar la coherencia económica relevando a los ministros estatistas del Ejecutivo es una condición para relanzar la gobernabilidad. En ese contexto, el gobierno y los peruanos entenderán que si no se restablece el principio de autoridad y el Estado de derecho en las zonas urbanas tomadas por el crimen organizado, en las áreas mineras controladas por la minería ilegal y en todas las zonas controladas por las economías ilegales, el Estado de derecho comenzará a ser jaqueado por zonas liberadas al margen de la Constitución.

No se relanzará el crecimiento con un proyecto estatista agazapado en el Ejecutivo que pretende nacionalizar la política petrolera y tampoco se restablecerá el principio de autoridad y el Estado de derecho sin coherencia económica en el gobierno. Para despejar dudas, vale recordar que la propuesta de nacionalizar los recursos naturales es uno de los ejes del planteamiento de una asamblea constituyente. Y también vale recordar que la única posibilidad de concretar una constituyente pasa por fracturar el Estado de derecho y el principio de autoridad democrático.