La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
A estas alturas es incuestionable que el Gabinete que preside César Villanueva es un equipo ministerial en el que convive un ala proinversión y otro claramente antiinversión. A estas alturas también es evidente que el intento de mezclar el agua y el aceite en economía solo se explica por la necesidad de organizar una amplia convergencia con el Legislativo que enfrente la coalición caviar-nadinista que controlaba el Estado hasta la administración PPK. Sin embargo, en el medio del remanso político entre Ejecutivo y Legislativo, comienzan a surgir insalvables contradicciones que de no resolverse entramparán al primer Gabinete del presidente Vizcarra.
Para todos es conocido, por ejemplo, que las titulares de Salud, Silvia Pessah, y la del Midis, Liliana Carmen La Rosa, están empujando al Ejecutivo a un innecesario roce con el Congreso en el tema del etiquetado para los alimentos procesados. Ambas ministras impulsan la propuesta de los octógonos prohibitivos que solo se aplican en Chile, en contraposición al sistema de semáforos (en base a colores rojo, amarillo y verde) que implementan la mayoría de países que pertenecen a la OCDE. El Gobierno, como se dice, sin querer queriendo, avanza a una fricción con el Parlamento, no obstante que el ala ministerial proinversión apoya el sistema de semáforos.
Igualmente se sabe que el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, no tiene mayor interés en promover la reforma laboral que necesita con urgencia el Perú, y también se conoce que otros titulares con perfil más bajo tampoco entienden la necesidad de impulsar reformas que incrementen la competitividad en la economía, con objeto de volver a crecer a tasas altas y reducir pobreza como antes. Si bien el titular de Economía, David Tuesta —más allá de su obsesión en recaudar— es un ministro que lidera el ala ministerial proinversión que tiene las cosas claras, las interrogantes sobre cómo convivirán dos sectores tan contrapuestos se agrandan.
Si la discusión dentro del Gabinete sobre las etiquetas de los alimentos industriales empieza a desatar el primer roce con el Congreso, ¿qué sucederá cuándo el Ejecutivo decida acelerar las inversiones en proyectos como Tía María, Quellaveco o Michiquillay? Si las ONG de izquierda —muy vinculadas al Frente Amplio— suelen ser financiadas por los grandes comercializadores del cobre del mundo, interesados en paralizar la producción del metal rojo en el Perú para mejorar sus ganancias en los mercados, ¿no es acaso evidente que las eventuales protestas antimineras, promovidas por estas ONG de izquierda, se combinarán con acciones parlamentarias y ofensivas mediáticas? ¿Qué papel asumirá el ala ministerial antiinversión? No nos queda la menor duda de que las tensiones dentro del Gabinete se multiplicarán.
¿A qué vamos? Es imposible que el Gabinete que preside César Villanueva llegue a buen puerto si no le devuelve la coherencia económica al equipo ministerial. En un país como el Perú, que ha reducido pobreza del 60% de la población a solo 20% en base a la inversión privada, no se debería estar discutiendo la conveniencia de un sistema de etiquetado anticapitalista en base a los octógonos. El Ejecutivo tampoco debería pestañear en la necesidad de sacar adelante Tía María, tal como se empieza a notar.
En cualquier caso, la amplia convergencia para organizar la transición hacia el mandato del presidente Vizcarra ya terminó. La izquierda parlamentaria antisistema no le otorgó el voto de confianza al Gabinete Villanueva mientras que el fujimorismo y las demás fuerzas democráticas cerraban filas alrededor del nuevo Gobierno. En otras palabras, las concesiones ministeriales a la izquierda ni siquiera sirvieron para el voto de confianza al Gabinete, ¿por qué entonces el nuevo Gobierno tiene que sacrificar la coherencia económica por los sectores que pretenden liderar la oposición en calles, plazas y el Legislativo?
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