¡El Estado llega a Las Bambas!

La enorme responsabilidad de Martín Vizcarra

La imagen del vicepresidente de la República y ministro de Transportes (Martín Vizcarra), de la titular de Justicia (Marisol Pérez Tello) y del ministro de Agricultura (José Hernández) llegando a Cotabambas para reunirse con las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac, de la municipalidad provincial de Cotabambas y los alcaldes distritales de esa jurisdicción para solicitar una tregua de 45 días, revela que el Estado siempre estuvo ausente. O quizá, para ser más precisos, que el pasado gobierno nacionalista, con una increíble frivolidad, se zurró en las demandas de las poblaciones aledañas a Las Bambas, el gran megaproyecto que le agrega 1.5% al PBI peruano y ha convertido a la región Apurímac en la locomotora del crecimiento nacional.

El fracaso del Estado en la zona es tan clamoroso que un modelo previo de excelentes relaciones entre la comunidad y la empresa se ha convertido en un espacio de conflictividad social y violencia. Quizá es necesario recordar que durante el desarrollo del proyecto la empresa invirtió S/. 1,000 millones en proyectos sociales y comprometió inversiones por otros S/.1,000 millones, pero el gobierno nacionalista no llegó a invertir ni el 10% de esos montos. ¿Cómo no se va a desatar un conflicto social? Hubo, incluso, adelanto de canon; y a diferencia de otros proyectos mineros que se bloquearon, Las Bambas siempre representó una alianza constructiva entre la empresa, el gobierno regional y los municipios.

El vicepresidente Martín Vizcarra, entonces, llegó a una zona de conflicto e impaciencias que había creado el gobierno anterior. Allí reside la verdad del diagnóstico que pretende ser ocultada por el radicalismo antiminero y una media desinformada que pretende lavarle la cara al fracaso estatal a través de la demonización de la empresa. Las cosas han llegado a tal extremo que un ministro pretende hablar de relaciones “sospechosas entre la empresa y la policía”, abonando a la tesis radical de que “la policía criminaliza la protesta”. ¡Vaya locura!

El vicepresidente Vizcarra, hombre ducho en dialogar con las comunidades, en organizar puentes entre la población y las empresas —experiencia adquirida en su exitosa gestión del gobierno regional de Moquegua—, entonces, tiene un enorme reto: reconstruir las relaciones entre el Estado, las poblaciones y la empresa. Sin embargo, ya la realidad lo demuestra, algo así solo será posible si el Estado lidera un proyecto de desarrollo regional que se convierta en el gran laboratorio, en el gran experimento, de una nueva relación entre Estado y sociedad.

La inversión minera genera ciudades del futuro, como la Nueva Fuerabamba (proyecto construido por la empresa), mientras otras zonas permanecen en siglos pasados por falta de agua potable y desagüe —sin escuelas, postas ni carreteras— por la exclusiva responsabilidad del Estado. Semejante situación es el escenario ideal para que el radicalismo antiminero desarrolle su estrategia violentista e intente demonizar a la empresa atribuyéndole las culpas del Estado.

Si el vicepresidente Vizcarra avanza en organizar un proyecto de desarrollo regional en la zona, la administración PPK habrá convertido una grave crisis política en una enorme oportunidad. El motivo: el nuevo modelo Las Bambas podría replicarse inmediatamente en Antapaccay y todos los proyectos mineros que están en la mira de los radicales antimineros; e incluso para reconstruir relaciones en Conga y Tía María. Y quizá semejante relación entre Estado, comunidades y empresa, se transforme en un gran experimento para reformar el Estado desde abajo hacia arriba.

Sin embargo la delegación ministerial que encabeza Vizcarra también debería entender el fenómeno de las bandas mercenarias antimineras que migran de proyecto en proyecto, demonizando a las empresas frente al fracaso estatal, y desarrollando métodos violentos de lucha que ensangrientan las protestas sociales (las víctimas no solo son ciudadanos civiles, sino también policías). El objetivo de estas bandas, evidentemente, es la extorsión de las empresas que invierten en el Perú.

Si la policía no investiga a estos grupos, si el Ministerio Público y el Poder Judicial no procesan ni investigan a estos personajes que están claramente identificados, tarde o temprano, cualquier error estatal culminará en conflicto social. De otro lado, el sistema político tiene que ser capaz de enfrentar ideológicamente a un ramillete de ONG que son financiadas internacionalmente con el único objeto de detener la producción de cobre nacional. Por ejemplo, había una ONG que antes agitaba en contra del mineroducto en Las Bambas. Ahora que ya fue descartado y se transporta el mineral por carretera, el radicalismo —con la complicidad de estas organizaciones y sectores parlamentarios— plantea un nuevo estudio de impacto ambiental. Hay, pues, una guerra ideológica y política alrededor de la minería en el Perú.