El Estado es el gran enemigo del modelo

En las últimas tres décadas el PBI del Perú se cuadriplicó –de US$ 25,000 millones a más de US$ 200,000 millones– y la pobreza descendió de alrededor el 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia. Luego del gobierno de Castillo este flagelo llegó al 27.5% de la población, afectando a más de nueve millones de personas. Por otro lado, el Estado –a través del presupuesto del Gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas– consume más del 25% del PBI nacional.

Sobre la base de esas cifras gruesas es posible extraer una conclusión extremadamente paradojal: el actual modelo económico ha reducido la pobreza como nunca antes en la historia republicana; sin embargo, el Estado ha seguido fracasando desde el principio hasta el fin, sobre todo por incapacidad para proveer servicios básicos a la población.

Según el Banco Mundial, del total de reducción de pobreza en las últimas décadas el 80% corresponde al aporte privado, a través de la inversión y la generación del empleo. En otras palabras, la inversión privada ha sido el principal motor de reducción de pobreza y, de una u otra manera, el país superó la maldición –vigente desde la fundación republicana– de haber tenido al 80% de la población debajo de la línea de la pobreza.

Sin embargo, en el Perú se produce un desarrollo desigual y contradictorio. Ica y Moquegua, por ejemplo, son regiones que tienen pobreza debajo o alrededor del 10% de la población, mientras que regiones como Puno, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Pasco, tienen más del 40% de la población afectada por este flagelo. ¿Cómo entender que en el Perú existan regiones en el siglo XXI y otras permanezcan en el siglo pasado?

La respuesta incuestionable reside en el fracaso general del Estado en la redistribución de la riqueza que producen los privados para el fisco a través del pago de los impuestos. Considerando el tamaño de los aportes y del presupuesto de la república (alrededor del 25% del PBI) es incuestionable que el Estado nunca manejó tantos recursos para solucionar las brechas sociales, que establecen varios países dentro del Perú actual. Por ejemplo, más de la mitad de las familias en los departamentos más pobres –es decir, con más de 40% de pobreza– carecen de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad. ¿De quién es la responsabilidad? Obviamente del Gobierno central, de los gobiernos regionales y locales que cuentan con los recursos y todas las posibilidades.

Cualquiera sea el análisis de las fallas del modelo –ya sea la agobiante informalidad de la economía y el empleo, el desborde de la ola criminal y la crisis de la seguridad ciudadana, la abrumadora y asfixiante burocratización de todos los procedimientos del Estado o el fracaso en los sistemas educativo y sanitario–, todo es responsabilidad del Estado.

Sin embargo, las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas –que suelen criticar el modelo desde diversos ángulos, de manera cínica y desleal– señalan que el fracaso del Estado es una expresión de la naturaleza del modelo “que prioriza la inversión privada y desdeña el papel del Estado”. Una falsedad de principio a fin. Hoy el 80% de los enormes recursos del Estado provienen del sector privado, pero no se puede invertir en servicios básicos para la ciudadanía, no se construyen buenas carreteras ni colegios adecuados.

La izquierda que tuvo gran protagonismo en los últimos gobiernos nacionales y controló la mayoría de los gobiernos regionales, sobre la base de ese análisis ideológico del modelo, pretende cambiar el régimen económico de la Constitución y derogar la preeminencia de la inversión privada para autorizar el Estado empresario. Es decir, pretende abolir lo mejor que ha funcionado como motor antipobreza desde la fundación republicana (los mercados y la inversión privada), y por otro lado, intenta generalizar lo que más ha fracasado desde el inicio de la república: el papel del Estado en la economía.