¡El Estado de derecho no puede defenderse si el sistema de justicia no actúa!

La Policía Nacional del Perú (PNP) está desarrollando una heroica y sacrificada labor en defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la legalidad republicana. El impecable trabajo que desarrolló la PNP en la contención de la llamada “toma de Lima”, que impulsaron alrededor de 5,000 activistas, debe formar parte de los mejores momentos de la institución policial, no obstante el vandalismo, la destrucción y el terror que desataron las vanguardias comunistas. 

Igualmente, nuestra PNP y destacamentos del Ejército siguen manteniendo el orden social a pesar de las acciones de guerra en Ilave (Puno) y La Joya (Arequipa), expresadas en ataques y destrucción de comisarías; es decir, las bases de la PNP. Los ataques a decenas de comisarías en el sur, los 580 policías heridos de gravedad y las trágicas y lamentables muertes de 48 peruanos son los saldos trágicos de la insurrección contra la Constitución y el Estado de derecho que desarrollan las vanguardias comunistas y núcleos vinculados al eje bolivariano.

Sin embargo, ¿acaso un Estado de derecho, un sistema constitucional, puede defenderse de la agresión de una fuerza insurreccional solo con el heroico trabajo de la PNP? Se supone que un Estado de derecho es el sistema mediante el cual, sobre la base de la Constitución y las leyes, las instituciones funcionan. En este contexto, cualquier persona debería ser procesada al término de la distancia si viola la Carta Política y las leyes, sobre todo cuando la espiral de la violencia en el Perú comienza a ser alimentada por la impunidad de la que empiezan a gozar las vanguardias comunistas y los sectores radicalizados. Más aún si los vándalos y delincuentes en Puno, Cusco, la Joya, Ica y en la llamada “toma de Lima” son filmados en vivo y directo, destruyendo propiedad privada y pública, agrediendo a los efectivos de la PNP y atentando contra la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos.

Hoy, la falta de respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial comienza a ser el principal problema de una estrategia eficiente, institucional y democrática en la defensa del Estado de derecho. ¿De qué sirve el esforzado trabajo de la Policía Nacional en la “toma de Lima” si los vándalos comienzan a percibir que el sistema de justicia no los alcanza? Si el sistema de justicia no actúa, entonces el Estado de derecho ha muerto en el Perú.

Algo más. La única manera de seguir evitando muertes en las acciones de guerra que desarrollan las vanguardias comunistas en contra de las comisarías del país pasa por la actuación inmediata y perentoria del sistema de justicia. Si el Ministerio Público y el Poder Judicial continúan sin aplicar la Constitución y la ley, la espiral de violencia seguirá en aumento y las muertes se incrementarán. 

Por todas estas razones, algunos se equivocan cuando exigen más “mano dura” al Gobierno de Dina Boluarte. En realidad, lo que empieza a faltar en la democracia peruana es “más mano de Estado de derecho”. Es decir, que las entidades del sistema de justicia hagan sentir que en el Perú la Constitución y las leyes se cumplen y quien las viola enfrentará el largo brazo del sistema de justicia. En otras palabras, un Estado de derecho se defiende con el ejercicio de la autoridad democrática; pero sobre todo, con la actuación de sus instituciones tutelares que resguardan la constitucionalidad.