El Estado de derecho debe pasar a la ofensiva ante la ola insurreccional

A estas alturas es evidente que la segunda ola insurreccional, que se inició el 4 de enero pasado, ha fracasado de principio a fin, porque el Gobierno de Dina Boluarte sigue en pie, el Congreso continúa legislando y, en general, las instituciones tutelares del sistema republicano siguen aplicando la Constitución y la ley. El Estado de derecho sigue en pie a pesar del vandalismo, la destrucción y el terror, pese al bloqueo de carreteras para desabastecer las ciudades y destruir la producción, y no obstante los ataques a aeropuertos y comisarías que perpetraron las vanguardias comunistas.

Pese a la movilización de una logística y recursos jamás vista en proceso político alguno en el país –y pese a la movilización internacional de México, Colombia, Bolivia y Chile en contra la democracia peruana– el sistema constitucional de derecho se mantiene, herido pero incólume. Poco a poco, los estrategas cubanos y los mandamases del eje bolivariano comienzan a entender que el Perú será una columna de la resistencia democrática en la región, una resistencia desde la cual se puede irradiar una oleada libertaria contra todos los regímenes chavistas y bolivarianos del continente.

Sin embargo, creer que la victoria está cerca sería un gravísimo error. La segunda ola insurreccional ha sido derrotada, pero debemos prepararnos para una tercera arremetida, porque el nuevo manual bolivariano señala que la destrucción debe ser prolongada hasta lograr quebrar el Estado de derecho –tal como sucedió en Chile– a través de la salida constituyente.

Por todas estas consideraciones, el Perú, los peruanos y sus élites deberían considerar la posible continuidad de las oleadas insurreccionales en las próximas semanas. En ese sentido, el Perú necesita un plan nacional de seguridad para preservar los activos estratégicos: sistemas energéticos e hídricos nacionales y las vías nacionales principales y también las secundarias. En ese sentido, la coordinación de las fuerzas armadas con la policía nacional (PNP) parecen garantizar una estrategia exitosa.

Asimismo, se necesita un plan estratégico nacional –en base a la coordinación de las fuerzas de seguridad– para preservar el sistema productivo nacional: vías nacionales resguardadas, establecer planes de seguridad para las regiones mineras (corredor vial del sur), regiones agroexportadoras (fundos agrarios), industria láctea, industria del turismo en el sur y los mercados emergentes y populares. Para lograr estos objetivos no se debe permitir que se vuelvan a bloquear las vías nacionales.

Si se garantiza el resguardo de los activos críticos y del sistema productivo nacional, el Estado de derecho pasará a la ofensiva en contra de una posible tercera ola insurreccional. Sin embargo, para pasar a la ofensiva se necesita que el Ministerio Público y el Poder Judicial procesen a las decenas de vándalos y delincuentes identificados, que han sembrado el terror, la violencia y la muerte en las últimas semanas. Necesitamos, en ese sentido, desterrar la sensación de impunidad de la que parecen gozar los delincuentes que se han dedicado a masacrar a nuestra PNP.

Por otro lado, pasar a la ofensiva significa equipar aceleradamente a la PNP y convertirla en la mejor de la región. Sin el heroísmo de nuestra PNP, el Estado de derecho no seguiría en pie, de manera que el Ejecutivo y el Congreso deben dedicarse a incrementar presupuestos, equipamiento y reconocimientos salariales.

Finalmente, creemos que tomar la ofensiva contra la insurrección en contra de la Constitución y el Estado de derecho, también pasa por promover la organización de la autodefensa de los sectores populares para defender los mercados emergentes y la economía familiar. De alguna manera, el derecho a la legítima defensa que reconoce la Constitución está sobre la mesa, frente a la tiranía y violencia que aplican las vanguardias comunistas.