La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En un pronunciamiento conjunto, los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia llaman a los actores del conflicto en el Perú “para que prioricen la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas”. Asimismo, señalan que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento…”.
En otras palabras, los señalados gobiernos desarrollan una injerencia directa en los asuntos internos del Perú y, de una u otra manera, se suman a los objetivos de las vanguardias comunistas que desarrollan oleadas insurreccionales en el país: la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el adelanto general de elecciones, el cierre del Congreso y la instalación de una asamblea constituyente. ¿De qué manera se puede interpretar el llamado para “priorizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo?
Pero lo más grave de todo tiene que ver con que el pronunciamiento de los señalados gobernantes se produce en momentos en que el país se desarrolla una estrategia insurreccional que se expresa en siete lamentables muertes de compatriotas y el ataque a más de 12 comisarías de la policía nacional del Perú (PNP), que ha dejado más de 119 efectivos heridos.
Es evidente, pues, que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ha lanzado una ofensiva general en contra de la democracia peruana porque, de una u otra manera, se teme que la reacción de las instituciones nacionales y la mayoría de peruanos se convierta en un referente para toda la región latinoamericana. Hay que recordar que los proyectos bolivarianos en América Latina siempre han avanzado al filo de las constituciones, ya sea convocando constituyentes o cerrando legislativos.
De otro lado, no es necesario ser demasiado zahorí para comprender que la estrategia insurreccional de “la revolución molecular disipada”, que se implementó en Bolivia y Chile para doblegar las democracias y convocar constituyentes, de una u otra manera, se desarrolla en el Perú.
Luego de que los congresistas comunistas propusieran la renuncia de Boluarte a la jefatura de Estado, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria de una constituyente, se desataron acciones de vanguardias organizadas en diferentes regiones, sobre todo en el sur del país, que buscaban golpear directamente entidades del Estado: comisarías y dependencias del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sin embargo, la característica de estas acciones de terror y violencia fue el anonimato de la representación. Es decir, no había una cabeza, una dirigencia, con el objeto de generar la impresión de que se trataba de un movimiento espontáneo y causar mayor temor en las mayorías nacionales. Lo mismo sucedió con los desmanes y el vandalismo en Chile y Colombia.
Por otro lado, la violencia de estas vanguardias o minorías se desarrolla en diversas zonas del territorio nacional y al mismo tiempo, sobre todo en el sur. El objetivo: subrayar la naturaleza espontánea de la insurrección y dispersar y bloquear la respuesta de la policía nacional. Se pretendía presentar la figura de una ebullición de moléculas revolucionarias de manera espontánea y en todas las direcciones.
Sin embargo, a diferencia de Chile, Colombia y Bolivia, países en que el progresismo ha colonizado a derechas e izquierdas con casi todos sus relatos (por ejemplo, la estrategia de defensa de los DD.HH. para erosionar la autoridad democrática del Estado), en el Perú existen contrarrelatos y una tradición anticomunista por la lucha contra el terrorismo senderista en los ochenta, que ahora ha aumentado por el desgobierno nacional de Castillo.
Por todas estas consideraciones, así como en los ochenta, los peruanos derrotamos al terrorismo colectivista, hoy el Perú se convertirá en el cementerio de la estrategia del eje bolivariano, utilizando todas las herramientas consagradas en la Constitución para preservar el Estado de derecho.
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