El debate es entre promercado y antimercado

Hoy todos los actores del escenario político parecen inclinarse por el torbellino de la judicialización política y pretenden convertir a la democracia peruana en un gran tribunal. A esta tendencia, inevitablemente, ha contribuido la estrategia de las ONG de izquierda (IDL-Reporteros, Transparencia) y del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que buscaba desarrollar investigaciones selectivas contra un sector político del país, mientras se protegía a los implicados del caso Lava Jato. La estrategia de este sector es tan brutal que, incluso, se pretende judicializar a los dueños y gerentes de las principales compañías del Perú —que representan el 70% de la recaudación por renta— por haber aportado, a través del sistema bancario y con los correspondientes certificados de donación, para una campaña que desarrolló la CONFIEP en defensa del régimen económico de la Constitución.

Las guerras prolongadas y la campaña de demolición sin mayores argumentos que desarrollan los sectores de izquierda contra la permanencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación forman parte de esta estrategia. Sin embargo, la mayoría legislativa de Fuerza Popular y los congresistas del Apra, de una u otra manera, también comienzan a devolver el vuelto. Las posibilidades de citar al presidente Martín Vizcarra al Congreso por el caso Chinchero expresan esta voluntad de echar combustible a la judicialización.

El problema es que la judicialización de la política no solo desata una crisis de gobernabilidad y anula la posibilidad de reformar las instituciones para combatir la corrupción, sino que también vela el proyecto antisistema o anticapitalista que se esconde detrás de la polarización fujimorismo versus antifujimorismo —“decentes versus corruptos”— que alienta la judicialización de la política. Todos sabemos que las fórmulas anticapitalistas buscan señalar que la corrupción en las instituciones es el resultado de la vigencia de la Carta Política de 1993 y de la economía de mercado, que ha posibilitado triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% en base a inversión privada.

Una manera de evitar este escenario es estableciendo que los fiscales y jueces se encarguen de investigar y procesar la corrupción y las instituciones políticas (Ejecutivo y Legislativo) asuman la responsabilidad de organizar la gobernabilidad y concretar las reformas. Es decir, trazando una raya que elimine la amenaza a la gobernabilidad.

Si hubiese un acuerdo de ese tipo, las fuerzas promercado y proinversión deberían, entonces, promover que la confrontación que busca eliminar al rival en base a la judicialización sea reemplazada por la confrontación ideológica, por el debate de ideas. Por ejemplo, si en el Congreso se decide ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y se inicia la reforma del actual sistema laboral socialista —que crea derechos en el papel, pero que solo causa informalidad— sería interesante contemplar al diario La República promoviendo “movilizaciones de masas” en contra de esta reforma a favor del crecimiento y la competitividad; mientras que el debate, inevitablemente, se multiplicaría en los medios de comunicación. Este tipo de tensiones y confrontaciones de idea son las que ayudan a construir democracia y sociedad.

El problema es que todos los actores políticos que defienden la democracia y la economía de mercado han caído en la trampa izquierdista de la judicialización de la política. De allí que el milagro económico de América Latina —así se calificaba al crecimiento económico del Perú— hoy haya ralentizado su crecimiento y proceso de reducción de pobreza, no obstante que se podría estar expandiendo la economía por encima del 5%. De allí también que desde las elecciones del 2016 en el Perú no se concrete ninguna reforma y, muy por el contrario, las fuerzas promercado comiencen a deslizarse en un peligroso populismo.

En medio de la guerra política es necesario detenerse y reflexionar sobre si las batallas que libramos son realmente nuestras batallas. El Perú parece haber caído en todas las trampas de los enemigos de la democracia y el mercado.