La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El actual Congreso de la República tiene muchos activos que presentar de cara a la reciente historia. Sin la decisión de la mayoría legislativa de enfrentar –al lado del pronunciamiento democrático de las fuerzas armadas– el golpe fallido de Pedro Castillo, las olas de violencia insurreccional, de una u otra manera, hoy el Perú podría estar embarcado en el camino de la asamblea constituyente. Al respecto, vale anotar que el actual Legislativo eligió a los miembros del Tribunal Constitucional, aprobó una ley de confianza para preservar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, igualmente ratificó en una norma el principio constitucional acerca de que un referendo para una reforma total o parcial de la Constitución debe pasar previamente por el Legislativo.
Con esas medidas se bloqueó el camino de la constituyente de las corrientes comunistas que pretendían utilizar el “software constitucional” dejado por el gobierno de Vizcarra. Gracias al actual Legislativo y la posición institucional de nuestras fuerzas armadas preservamos el Estado de derecho. Finalmente, los proyectos bolivarianos funcionan en la región cuando los legislativos se ponen del lado del caudillo chavista.
Tenemos mucho, pues, que reconocer al actual Congreso. Sin embargo, luego de que Dina Boluarte asumiera la jefatura de Estado, el Congreso parece desarrollar una tendencia destructiva que borra todos los logros en la defensa de la institucionalidad democrática. Más allá de las encuestas, de los yerros acumulados y las campañas del progresismo, el actual Legislativo podría ser uno de los mejores de la reciente historia si es que no se hubiera embarcado en desmontar pilares del modelo económico.
La reciente aprobación del séptimo retiro de las cuentas individuales del sistema privado de pensiones, si bien convocará el aplauso del momento, significará que 9 de cada 10 aportantes al sistema se queden sin pensiones. Con estas medidas se crea una deuda social impagable que creará un déficit estructural para nuestra economía e hipotecará el futuro de las nuevas generaciones. Igualmente, la norma que reincorpora a 14,000 docentes que no se presentaron o fueron desaprobados en las pruebas de selección para la carrera pública magisterial es una terrible noticia para los niños de la escuela pública, sobre todo los más pobres.
Asimismo, otra pésima noticia que viene del Congreso son las indefiniciones de las bancadas del Legislativo con respecto a la urgencia de enfrentar la minería ilegal, que invade las concesiones de la minería moderna del país que, al margen de cualquier crítica o yerro, representan uno de los pilares del modelo. Recordemos que la minería moderna financia a los gobiernos regionales a través del canon y las regalías, genera empleo formal y se constituye en uno de los principales motores antipobreza.
Todos estos hechos nos llevan legítimamente a preguntarnos si la mayoría de las bancadas del Congreso que detuvo la constituyente y el golpe de Castillo están abiertamente en contra del modelo. Si observamos que todas las leyes laborales aprobadas por el gobierno de Castillo siguen vigentes –entre ellas la que prohíbe la tercerización laboral, la que fomenta la sindicalización artificial para promover el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores y la que liberaliza el ejercicio de la huelga– entonces la respuesta parece ser afirmativa: el Congreso está contra el modelo.
Y si reparamos en que no hay una nueva ley de promoción agraria para relanzar las inversiones en las agroexportaciones –el milagro económico mundial que se paraliza– el Legislativo parece estar en contra del régimen económico de la Constitución.
En cualquier caso, la mayoría de bancadas que se enfrentaron al golpe de Castillo y el eje bolivariano debería reaccionar con prontitud y pasar a defender abiertamente el modelo basado en la desregulación de precios y mercados y la inversión privada. La fragmentación y desorientación de las bancadas parlamentarias no puede ser un argumento para aceptar este estado de cosas. De lo contrario, el bajo crecimiento nos llevará a unas elecciones del 2026 con una sociedad que aumenta constantemente la pobreza, el mejor escenario para el antisistema.
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