El choque de poderes que destruye al Perú

La guerra política que iniciaron en el 2016 Fuerza Popular y el presidente Vizcarra llevó hasta confrontaciones inimaginables, y en este periodo gubernamental ha acumulado todos los extremos que establece la Constitución para tramitar el conflicto de poderes: dos intentos de vacancia presidencial, la renuncia de un jefe de Estado, el cierre inconstitucional del anterior Legislativo y ahora un intento de vacancia presidencial que, al margen de voluntades, pretende convertir a las Fuerzas Armadas en un factor deliberante.

La conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Marco Martos, con un comando de campaña militar, para responder al proceso de vacancia y la llamada de Manuel Merino –presidente del Congreso– a un alto mando militar, hieren la tradición democrática del Perú de últimas dos décadas. 

Comienza a suceder lo que pasó en los ochenta: los políticos fracasaron en la estrategia contrasubversiva y fueron incapaces de desmontar el modelo velasquista del estado empresario. Es decir, la élite política acumulaba todos los fracasos. El terrorismo comunista controló un tercio del país y la hiperinflación se desató. Se preparó el regreso del protagonismo militar y emergió el fujimorato. Hoy el fracaso de los civiles nos presenta estas dos preocupantes instantáneas del Ejecutivo y el Legislativo.

Es evidente que la principal responsabilidad de que la guerra política continúe reside en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado tuvo y tiene la posibilidad de detener este desangramiento de la República. No lo hace hasta ahora e ingresamos a una espiral de acciones y reacciones.

Lo peor de todo es que la guerra política y el choque de poderes recrudece en momentos en que el Ejecutivo ha fracasado en la política sanitaria y en evitar que la recesión mundial se convierta en megarrecesión en nuestro país. No solo tenemos una de las letalidades más altas del planeta, también tendremos una de las caídas más graves de la economía, que ya ha destruido cerca de siete millones de empleos y amenaza con arrojar al 30% de la población debajo de la línea de la pobreza, al menos temporalmente.

En este contexto, en el Ejecutivo y el Legislativo se considera que el populismo y la demagogia son las herramientas para ganarse el favor del pueblo. Las medidas del Ejecutivo y los proyectos en el Congreso contra la educación privada –que atiende un tercio de la matrícula escolar en educación básica y dos tercios en la superior– son una clara expresión de esta tendencia. Y si le agregamos la proliferación de iniciativas demagógicas en el Congreso para regular precios y mercados –en educación, farmacias, bancos–, para derogar la Ley de Promoción Agraria y para liquidar el sistema privado de pensiones, entonces, es evidente que la República ha ingresado a una etapa de autodestrucción que nadie puede detener. En este escenario la única esperanza es que se desarrollen elecciones medianamente normales, y que surja una alternativa que reordene el país y establezca un camino de gobernabilidad y recuperación económica. 

Sin embargo, más allá del realismo, nunca negaremos una rendija para el optimismo. Si el Ejecutivo y el Congreso desarrollan una tregua hasta el 2021, de una u otra manera, el Perú recuperará niveles de gobernabilidad. ¿Qué puede significar una eventual tregua? Que el Ejecutivo se dedique a gobernar y deje de meterse en los asuntos del Congreso y el Legislativo se dedique al control político y deje de legislar con iniciativas de gastos que la Constitución le prohíbe. Nuestros muertos y los nuevos pobres de la patria reclaman con urgencia un nuevo momento político.