El “centro” que llevó al poder a Pedro Castillo no debe regresar

Una de las preguntas que se harán los historiadores del futuro es ¿cómo así los peruanos llegaron a elegir a Pedro Castillo, el peor candidato de toda la historia republicana? Es una interrogante parecida formulada con respecto a los errores del pueblo alemán previos a la Segunda Guerra. Y si reparamos los claros de nexos de Castillo –antes de la elección– con el Movadef y el maoísmo, la interrogante sobre el yerro del pueblo peruano se vuelve dramática, acuciante.

¿Cómo así un país que, tres décadas atrás, derrotó el terror y la vesania del maoísmo, volvía a elegir a un jefe de Estado con claros vínculos con el maoísmo? A nuestra entender la única explicación es que los relatos y las narrativas de esa guerra contra el terror no la escribieron quienes construyeron la paz y la gobernabilidad, sino un supuesto “centro progresista” que se proclamó equidistante de la violencia genocida del terror y de la estrategia contrasubversiva del Estado. Algunos excesos condenables del Estado contra el terror sirvieron de pretexto para que la Comisión de la Verdad escribiera los relatos que envenenaron a las nuevas generaciones: “conflicto armado interno” y “violación sistemática de derechos humanos”. 

Semejantes fábulas convirtieron a los agresores, a los terroristas, en víctimas de la violencia. Las oenegés de izquierda y entidades como Amnistía Internacional se movilizaron denunciando “terrorismo de Estado” de parte de las fuerzas de seguridad. Tres décadas después, los agresores y enemigos no fueron vistos como tales y una clase media alienada, incluso, votó por Castillo.

Luego del golpe fallido de Castillo y el desarrollo de una violencia insurreccional contra el Estado de derecho –que se expresó en ataques a decenas de comisarías, a aeropuertos del sur y el bloqueo de carreteras para desabastecer a las ciudades– que dejó un lamentable saldo de 60 peruanos muertos, el centro progresista del pasado ha vuelto con las mismas frases sin sentido. 

No obstante que en el Perú existe un Estado de derecho y que las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) utilizan la fuerza pública amparados en los estados de emergencia y de excepción –establecidos en la Constitución de 1993– se exculpa a quienes atacan comisarías y hieren a más de 600 policías –desarrollando acciones de milicias– y se pretende responsabilizar de las muertes a las fuerzas de seguridad que defienden la constitucionalidad. Ese supuesto centro conformado por sectores políticos y oenegés de izquierda comienza a hablar de “terrorismo de Estado” y “ejecuciones extrajudiciales”, utilizando los mismos argumentos efectistas del pasado.

Si los demócratas, los sectores republicanos que defienden el Estado de derecho se dejan amilanar por efectismo de las oenegés una vez más, ya sea ahora o en el futuro, perderemos la guerra de las narrativas. Y, tarde o temprano, regresará un nuevo Castillo.

Por todas estas consideraciones los sectores republicanos de ninguna manera, bajo ningún criterio, deben aceptar que un solo civil, militar o policía sea judicializado por defender la Constitución y el Estado de derecho. La historia no puede repetirse. Más allá del efectismo progresista, todos sabemos que cualquiera que ataque un aeropuerto en Venezuela, Cuba, Bolivia, China, Suiza o Finlandia, inevitablemente, se enfrentará al uso de la fuerza pública.

En ese sentido, nos parece importante que el Ejecutivo haya promulgado una Resolución Suprema que establece los procedimientos y mecanismos del uso de la fuerza pública constitucional de parte de las fuerzas armadas durante los estados de emergencia decretados por un gobierno constitucional.

Por otro lado, es necesario iniciar un debate abierto y sistemático sobre la posibilidad de que el Perú se retire de la jurisdicción contenciosa del Pacto de San José Costa Rica para evitar que cortes internacionales, altamente politizadas e ideologizadas, se superpongan a la Constitución peruana y las leyes nacionales y conviertan a la jurisdicción nacional en apéndices de un sistema de justicia supranacional. 

Finalmente, la sociedad civil debería organizarse a través de todo tipo de entidades para defender la heroicidad de nuestras fuerzas armadas y PNP que, cuando los civiles fracasaron, una vez más, salieron a defender el Estado de derecho.