La actual crisis política está a punto de inviab...
La semana pasada, a propósito de la investigación que desarrolla el Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los llamados sectores de izquierda progresista dejaron en claro cuál era su concepto de Constitución y procedimientos constitucionales: todo es relativo, en función de la estrategia de poder y el control de instituciones tutelares de la república. Sin embargo, uno de los hechos más delicados que se debe subrayar sobre el tema es que, no obstante su influencia política y mediática en las últimas dos décadas, la también llamada izquierda caviar no se ha organizado en un partido político. Es decir, en una entidad que asuma responsabilidades y sea fiscalizada por la sociedad.
Los sectores de la izquierda progresista comenzaron el debate señalando que el Congreso no tenía atribuciones para investigar sumariamente y relevar a los miembros de la JNJ. Sin embargo, luego de que diversos sectores señalaran que el artículo 157 establecía las condiciones y los procedimientos para un proceso de esa naturaleza, y que Martín Vizcarra –el golpista del 2019– “movilizó al pueblo” para exigir al Congreso de entonces que releve a los miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el argumento de la izquierda se archivó. Vizcarra demandó el relevó del CNM invocando el artículo 157 y con el pleno apoyo de toda la izquierda que hoy se opone a la investigación de la JNJ.
Más tarde la argumentación viró hacia un razonamiento político de dudosa naturaleza democrática: con menos de 10% de aprobación, el Congreso tenía la legalidad para investigar, pero no la legitimidad. En otras palabras, por mandato de las encuestas el Perú debería disolver sus instituciones republicanas y entrar a una etapa de anarquía generalizada, a menos que se adelanten las elecciones. Asimismo, otro argumento que se esgrimió es que entidades multilaterales como las Naciones Unidas, por ejemplo, tenían facultades para interpretar la Constitución peruana, incluso con más propiedad y discreción que nuestro propio Tribunal Constitucional.
Si consideramos que los llamados profesores de derecho constitucional y universidades que reclaman estar en el liderazgo de la academia han defendido estas tesis, ¿cómo se puede construir un sistema republicano con los llamados sectores progresistas? El mensaje parece ser uno solo: si alguna institución, algún procedimiento, está en contra de mis intereses, entonces todo es relativo, inclusive la propia Constitución Política.
Se trata de los mismos sectores que, en un proceso que debe ser estudiado e investigado por el constitucionalismo de todo el mundo, inventaron la figura de “la denegación fáctica” para intentar envolver en una cierta “constitucionalidad” el golpe de Estado de Vizcarra, que solo se apoyaba en “el respaldo de las masas y el poder militar”. La llamada denegación fáctica de confianza es una figura que no existe en la Constitución y nunca podrá ser justificada constitucionalmente (la confianza es un acto expreso y público). Igualmente, se trata de los mismos sectores que señalaban que el Ejecutivo podía plantear cuestiones de confianza en contra de funciones exclusivas y excluyentes del Congreso y que, de una u otra manera, elaboraron todo el software y las estratagemas políticas con los que Pedro Castillo pretendió cerrar el Congreso e instalar una constituyente.
Hoy el Perú ha desmontado todo ese andamiaje institucional construido por el Gobierno de Vizcarra, pues era la única manera de detener la asamblea constituyente de Castillo y el eje bolivariano. Y, en ese camino, lo único que ha quedado claro es que solo resta defender la Constitución cueste lo que cueste.
No negamos que el actual Congreso ha cometido errores imperdonables. Sin embargo, sin este Legislativo en el Perú ya se habría instalado una constituyente. La lección incuestionable parece resumirse en “todo con la Constitución, nada sin ella”.
COMENTARIOS