El actual Congreso frente a la historia reciente

Los sectores progresistas señalan que el actual Congreso es el peor de la historia republicana porque existe un puñado de “mochasueldos” y “niños” que destruyen el sistema de representación política. Es verdad en parte. Sin embargo, si nos preguntamos cómo, a pesar de que en el Perú se instaló un Gobierno del eje bolivariano, nos salvamos de la asamblea constituyente y del golpe fallido de Pedro Castillo, la respuesta inevitable será que, en el Legislativo, se formó una mayoría a favor del sistema democrático. Sin el Congreso, la acción institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en defensa del Estado de derecho frente al golpe comunista y las olas de violencia insurreccional no hubiesen sido posibles.

Sin la mayoría democrática del Congreso, entonces, la defensa de la democracia habría fracasado. Lo que sucede es que el progresismo peruano –acostumbrado a gobernar sin ganar elecciones ni formar partidos políticos– ha decidido utilizar las encuestas para demonizar al Congreso y forzar un adelanto general de elecciones. Una grave irresponsabilidad del progresismo, sobre todo considerando que son los únicos responsables de la devastadora crisis de representación actual: apoyaron el referendo de Vizcarra que destruyó el sistema político y respaldaron todas las decisiones y reformas (incluido sentencias del anterior Tribunal Constitucional) que instalaban el transfuguismo en desmedro de las bancadas partidarias. La fragmentación actual de los partidos del Legislativo solo se explica por el constante apoyo del progresismo al transfuguismo desorganizador.

El actual Congreso, pues, ha cumplido un enorme papel en defensa del Estado de derecho. Sin embargo, debe ser capaz de sancionar a los llamados mochasueldos y niños para reencontrarse con la ciudadanía. Es evidente.

No obstante, al lado del necesario y urgente control político del Ejecutivo, el Congreso necesita convertirse en protagonista del relanzamiento del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en el Perú, sobre todo cuando la economía crecerá menos de un punto en el 2023 y la sociedad volverá a aumentar el número de pobres. Las bancadas democráticas del Legislativo deberían entender con dramatismo la importancia del crecimiento de cara hacia las elecciones del 2026. Todos ya sabemos que el bajo crecimiento o la recesión creará el escenario ideal para el antisistema en los próximos comicios nacionales.

Por todas estas consideraciones, a nuestro entender, el Legislativo debería derogar los decretos laborales de Castillo que apuntan a prohibir la tercerización laboral, fomentan sindicatos en fábricas, sectores y grupos empresariales de manera artificial, y promueven el libertinaje en el ejercicio del derecho de huelga. Semejantes normas, obviamente, fomentan la guerra de clases entre empresarios y trabajadores.

Asimismo, el Legislativo debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), que establecía un régimen tributario especial y la flexibilidad laboral en los empleos agrarios. La señalada norma, una de las mejores leyes económicas de la historia republicana –por los resultados en la promoción inversiones y formalizar el empleo–, fue derogada por el Gobierno provisional de Francisco Sagasti en coordinación con la conducción del Legislativo, también provisional, de Mirtha Vásquez.

Sobre estas decisiones del Legislativo se establecería que los poderes del Estado (Ejecutivo y Congreso) vuelven a respaldar abiertamente el régimen económico de la Constitución. Y, entonces, se enviaría una poderosa señal a favor de los mercados y la inversión privada. La indicada señal también aclararía la naturaleza de las alianzas que han establecido algunas bancadas de la centro derecha con las izquierdas con el objeto de dividir al radicalismo parlamentario y evitar que el comunismo termine conduciendo la mesa directiva del Congreso.

Si el Legislativo se pone del lado del crecimiento, la inversión privada y la continuidad de la reducción de pobreza, entonces, el balance final del actual Congreso dejará un enorme saldo a favor: no solo fue un factor decisivo en la defensa del sistema republicano frente el golpe del eje bolivariano, sino que habría rescatado la economía de la devastación en que nos dejó Castillo.

La primera asamblea del país, pues, tiene la palabra.