¿Ejecutivo alimenta el caos en el transporte?

En medio del avance de la pandemia, el colapso del sistema hospitalario y la continuidad de una letalidad aterradora, el Perú vuelve a despertar abismado ante una huelga general de los transportistas de carga que, simplemente, ha paralizado el Perú de norte a sur y de este a oeste. Pocas veces una huelga general de transportistas ha sido tan contundente, no obstante el avance de la pandemia y la cercanía de las elecciones nacionales. Cualquier observador extranjero se preguntaría, ¿cómo así se van a desarrollar las elecciones del Perú en menos de cuatro semanas?

El aumento de los precios de los combustibles era un desenlace anunciado por la sencilla razón de que el precio del petróleo se incrementó en cerca de 50% durante todo el 2020. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), protagonista y animador de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria –la mejor ley económica de las últimas dos décadas–, ¿acaso no estaba obligado a asumir medidas que mitigaran el impacto del aumento de los precios de los combustibles en las empresas transportistas de carga? Creemos que sí, sobre todo en medio de una recesión generalizada y la masiva quiebra de empresas. Si existen tantos programas reactiva para diversos sectores, ¿por qué no imaginar un plan reactiva para las empresas transportistas de carga, cuando el alza de los combustibles era inminente por el incremento del precio internacional del petróleo?

La ausencia de una mínima previsión del MEF hoy encuentra al Perú en medio del caos general, con las carreteras bloqueadas y paralizadas y con un Estado fallido que ha demostrado que se rinde ante las minorías radicalizadas, tal como sucedió con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. En este contexto es más que legítimo preguntarse si el Ejecutivo alimenta el caos nacional.

La imprevisión de la administración Sagasti explica que la plataforma de los transportistas de carga se radicalice hasta entusiasmar a los enemigos del mercado y la inversión privada. En la plataforma de los transportistas hay demandas que se pueden atender y otras que no, porque ni la Constitución ni las leyes lo permiten. Se plantea eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel, aplicar una amnistía general a las multas, reducir el precio de los combustibles y eliminar los peajes de Chiclayo y Piura.

En cuanto al ISC al diésel, el Ejecutivo debería tener una enorme flexibilidad porque apenas representa 1% de toda la recaudación general. Con respecto a las amnistías en las multas, es un asunto a tratarse con el objeto de recuperar la gobernabilidad, con el desbloqueo inmediato de las carreteras. Sin embargo, la reducción de los precios de los combustibles depende de las importaciones que desarrollan la Refinería de Pampilla, Petroperú y Valero Energy, empresas que se rigen por los precios del mercado internacional. Igualmente, la eliminación de los peajes es un imposible a menos que se derogue la Constitución de 1993 y las leyes vigentes. La suspensión del peaje de Puente Piedra ya le costó más de S. 200 millones al Perú por un fallo ante el CIADI

La administración Sagasti comienza a igualar o superar a todos los yerros de la pasada administración Vizcarra. El caos, el desgobierno y la falta de previsiones del Ejecutivo, no solo en el manejo de la pandemia sino también en el transporte, comienzan a poner interrogantes a las posibilidades de reconstruir el país luego de la pandemia. Y también en cuanto al normal desarrollo de las elecciones nacionales, faltando apenas unas semanas para el 11 de abril.