Destruyendo la Constitución

La decisión del Tribunal Constitucional (TC), tomada por cuatro votos contra tres, que “constitucionaliza” el cierre del Congreso del pasado 20 de setiembre es el golpe más duro contra el proceso de construcción de instituciones republicanas que se inició dos décadas atrás, y que se expresa en cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones. Aceptar que existe la posibilidad de una “denegación fáctica de la confianza” –no obstante que la Constitución exige una votación expresa, que en el Congreso se votó a favor de la confianza y que se interrumpió una agenda en curso del Legislativo– es una manera de instalar la ley de la selva en la interpretación del texto constitucional.

No exageran quienes sostienen que, a partir de ahora, cualquier caudillo con el apoyo de una mayoría circunstancial, podría interpretar la Constitución con objeto de centralizar el poder y sojuzgar a las instituciones. De alguna manera, este proceso en que la Constitución se interpreta de acuerdo a mayorías circunstanciales empezó con el referendo y las facultades que se atribuyó el Ejecutivo para establecer plazos y temas en las reformas constitucionales. 

Todos estos hechos parecieran conducir a un forzado “momento constitucional”, en que las reformas de la Constitución están a la orden del día, no obstante que gracias a este texto constitucional se ha desarrollado una continuidad constitucional de cuatro periodos y se ha reducido la pobreza del 60% de la población a solo 20%. Si medimos los logros políticos y económicos sociales del presente, quizá no haya mejor momento en toda nuestra historia republicana. 

La manera como un sector del país trata a la Constitución solo la deslegitima y la resta autoridad. Si se puede disolver el Congreso –una institución tutelar del sistema republicano– con una figura inexistente, entonces la Constitución está pintada en la pared.

Los peruanos de buena voluntad saben que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo en los sistemas políticos y de justicia no llevarán a ningún puerto. ¿Por qué? Porque estas reformas se desarrollan como parte de una guerra política para controlar instituciones. No forman parte de consensos y acuerdos en función del largo plazo. Es decir, no se hacen a semejanza de las reformas constitucionales que han consolidado a las repúblicas a lo largo de la historia.

Por todas estas consideraciones, no creemos equivocarnos al sostener que las reformas constitucionales que se desarrollan como parte de la guerra política y la reciente decisión del TC que constitucionaliza “la denegación fáctica”, solo favorecen las estrategias de las corrientes colectivistas y comunistas que buscan convocar a una constituyente para redactar una constitución anticapitalista. Si algunos creen que esta afirmación es alarmista, deberían recordar que algunas semanas atrás nadie imaginaba que Chile amanecería devastado y con una convocatoria de una constituyente en curso.

Por todas estas consideraciones, la coalición mayoritaria que surja de la elección del nuevo Congreso tiene la primera responsabilidad de precisar constitucionalmente la llamada cuestión de confianza para restablecer el equilibrio de poderes que la decisión del TC hizo volar por los aires. Junto a esta responsabilidad, el Legislativo debe estar en condiciones de desarrollar colaboración y oposición con el Ejecutivo, como parte de una dialéctica de afirmación de instituciones republicanas.

El Congreso debe evitar los extremismos, sin abandonar la necesaria oposición, y debe poner el hombro en la gobernabilidad y la colaboración sin necesidad de renunciar a la necesaria fiscalización. Si se logra ese escenario político e institucional, el 2021 estaremos en condiciones de celebrar la quinta elección nacional sin interrupciones de la actual experiencia republicana.